La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha dictado un auto en el que destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales".
Así lo asevera la juez Mercedes Alaya en un auto en el que confirma la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros impuesta al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto y declara la responsabilidad subsidiaria, en lo que supone un dato a destacar, de FIA UGT-A, FIA UGT estatal y Temiqui S.A..
No obstante, fuentes del caso consultadas por Europa Press han explicado que la juez habría incurrido en un error al declarar la responsabilidad civil subsidiaria de federaciones vinculadas a UGT en un auto en el que resuelve la fianza civil impuesta a un exdirigente del otro sindicato mayoritario, como es CCOO.
"Los sindicatos cobraban de las empresas o mediadoras"
La magistrada asevera que "es un hecho ampliamente reconocido" en la causa que los sindicatos "cobraban de las empresas o de las mediadoras un porcentaje de cada proceso de jubilación", lo cual "se traducía en el percibo de cantidades considerables en una horquilla que oscilaba entre el 0,5 y el 2,5%".
"De ahí que los sindicatos estuvieran interesados en que estos procesos se produjeran, en la financiación de los mismos por parte de la Junta y en que el importe de la subvención fuera el más amplio posible, pues eran factores que influían en la cuantificación de sus comisiones", dice la juez.
A ello se suma que "también es un hecho ampliamente admitido por los representantes de Vitalia y Uniter que tales comisiones se cobraban, pese a no prestar ningún servicio específico para la empresa o para las mediadoras distinto de lo que eran sus propias obligaciones sindicales", ya que "intervenían como era su obligación en las negociaciones en nombre de los trabajadores".
La juez dice que "parece claro" que ambos sindicatos cobraron cantidades "muy superiores" a estos 180.000 euros referidos por el propio imputado, ya que "sin contar con esta cifra, al desconocer si está incluida o no en los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, nos encontraríamos con que hasta 2009 las cantidades cobradas concretamente por la Federación Minerometalúrgica" de parte de Uniter y Estudios Jurídicos Villasís "ascendería a 492.280,96 euros".