La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto desvío de subvenciones públicas con facturas falsas en el sindicato UGT-A, al entender que no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La juez sí seguirá en cambio con la investigación sobre el sindicato iniciada en septiembre, según han avanzado fuentes judiciales.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto, notificado este jueves a las partes, que recoge Europa Press, en el que estima parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía hispalense y acuerda que la magistrada abandone esta investigación y que la misma sea remitida a otro juzgado instructor siguiendo las normas de reparto del Decanato.
De este modo, el Tribunal estima parcialmente un recurso en el que el Ministerio Público advertía de que, a fin de evitar posibles nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no es de la juez Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", como es el juez que primero recibió la denuncia.
Investigación sobre el sindicato
El pasado 12 de septiembre la juez Alaya incoó nuevas diligencias que declaró secretas derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Tras ello, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, decidió dar traslado en octubre a la juez de la primera denuncia presentada en agosto por el sindicato Manos Limpias contra el sindicato, que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 9, que incluso llegó a incoar diligencias previas.
No obstante, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla planteó una cuestión de competencia al juez decano, quien tras estudiar la situación decidió dar traslado de la denuncia a la juez Mercedes Alaya, quien "conoce de los mismos hechos por razones de investigación judicial con anterioridad" a Instrucción 9.
A la hora de remitir la denuncia a la magistrada Mercedes Alaya, el juez decano de Sevilla valoró que "el conocimiento previo de los hechos prima" sobre la fecha de incoación de las diligencias por parte de Instrucción 9, que es anterior a la fecha en que Alaya abrió las citadas diligencias declaradas secretas en septiembre.
Es decir, y según el criterio adoptado en su día, se entendía que la denuncia de Manos Limpias guardaba relación con las diligencias incoadas en septiembre por Alaya, por lo que la misma y las sucesivas denuncias fueron incorporadas a las diligencias secretas abiertas por la magistrada y que derivaban de la operación 'Heracles'.
Solo retira a Alaya la investigación sobre las facturas
En resumen, la Audiencia ha decidido retirar a la juez Mercedes Alaya únicamente la investigación sobre las facturas falsas de UGT denunciadas por Manos Limpias; así, la magistrada sí se queda con la investigación sobre el sindicado que abrió en septiembre y que, a día de hoy, continúa bajo secreto de sumario.
Hay que recordar, en esta línea, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a Alaya la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.
El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, que el pasado mes de diciembre ordenó incluso registrar la sede central del sindicato UGT Andalucía y las sedes de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT.
Con todo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, todo apunta a que será el Juzgado de Instrucción número 9, el primero en incoar diligencias tras la primera denuncia por las facturas de UGT interpuesta por Manos Limpias, el que se quede con el grueso de la investigación.