La Junta de Andalucía está revisando subvenciones concedidas al sindicato UGT desde 2008 y ha remitido a su gabinete jurídico otros cuatro expedientes para que determine el procedimiento a seguir y si se debe pedir el reintegro de esas subvenciones.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que hay un total de 19 procedimientos de revisión de subvenciones otorgadas al sindicato entre 2008 y 2012, entre los que se encuentran cuatro en proceso de reintegro, los cuatro remitidos al gabinete jurídico, y otros once "en distintas fases de tramitación", así como una ayuda a la que renunció voluntariamente UGT.
Ha asegurado que la premisa básica del Gobierno andaluz es "esclarecer" el uso de los fondos públicos otorgados en su día y ha defendido la "transparencia" con la que se está actuando.
Maldonado ha señalado que el principal interesado en que el proceso sea "el más corto posible" es él porque así terminará antes "esta especie de calvario político" al que asiste.
La Junta va a investigar "ante cualquier irregularidad"
El consejero ha añadido que ante cualquier irregularidad la Junta va a investigar y no le van a "temblar las piernas" en la aplicación de lo que digan los funcionarios o los servicios jurídicos.
En cuanto a la denuncia del Grupo Popular sobre la exoneración a UGT para que pueda seguir recibiendo ayudas, Sánchez Maldonado ha dicho con contundencia que "aún siendo legal" no ha aplicado ningún tipo de exoneración ni al sindicato ni a otros beneficiarios.
La portavoz del Grupo Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha lamentado que "la única novedad sea que han ampliado la investigación a 2008" y ha cuestionado el criterio que está siguiendo la Junta para revisar las ayudas, además de criticar que "únicamente" se estén viendo 19 expedientes y que sean solo del sindicato UGT.
Ha dicho que el sistema estaba "viciado" desde el inicio porque la Junta de Andalucía era consciente de que las subvenciones "iban a ser de ida y vuelta", y ha reclamado que quienes concedieron y no revisaron las ayudas asuman responsabilidades políticas.
El portavoz socialista, Carmelo Gómez, ha indicado que el objetivo no debe ser "perseguir a nadie", sino que se hará "el trabajo que se tenga que hacer" y sacar conclusiones.
La portavoz de IU, Rosalía Martín, ha señalado que con el compromiso para esclarecer los hechos no es suficiente y ha abogado por "trabajar en ello" continuamente.