Con la sentencia hecha publica este jueves de la condena al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por prevaricación por ordenar las escuchas del caso Gürtel, se cierra una de las tres causas contra el magistrado. Las otras dos que siguen abiertas son por investigar los crímenes del franquismo y por los cobros de unos cursos en Nueva York.
Por las escuchas del caso Gürtel
La primera vez que se vio sentarse a Garzón en el banquillo de los acusados en el Tribunal Suprmeo fue en el juicio por ordenar grabar las conversaciones de los imputados de la trama Gürtel.
Estaba acusado de prevaricar y vulnerar las garantías constitucionales. Le denunció un antiguo compañero, el exfical de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez. Además de esa denuncia, también los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo y Francisco Correa, le acusaron de lo mismo.
El juez Alberto Jorge Barreiro fue quien se encargó de llevar a cabo la investigación y concluyó que Garzón accedió indebidamente a conversaciones confidenciales.
Garzón nunca negó las escuchas y siempre aseguró que lo hizo porque había indicios de que iban a seguir cometiendo delitos desde la cárcel.
Por los crímenes del franquismo
Este miércoles quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo el juicio a Garzón investigar los crímenes del franquismo. Era la segunda vez que el magistrado de la Audiencia Nacional se sentaba en el banquillo de los acusados.
La querella contra Garzón, que fue admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española. La acusación particular pide 20 años de inhabilitación para el magistrado.
Al juez se le imputa un delito de prevaricación, al iniciar, sin competencia legal, una causa por las desapariciones del franquismo. La Fiscalía se ha mostrado siempre en contra y ha pedido su archivo.
Garzón reiteró en la última sesión del juicio que era inocente, que tenía la “conciencia tranquila” y que inició su investigación porque actuó en defensa de las víctimas.
Por el cobro de unos cursos en Nueva York
Se le acusa de un delito de cohecho impropio por el cobro de hasta 1,2 millones de dólares en concepto de patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. La querella fue interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Según el auto del juez Marchena, Baltasar Garzón aprovechó su estancia como docente en la Universidad de Nueva York para organizar cursos para "invitar a personalidades relevantes del mundo político, empresarial y jurídico".
El magistrado podría enfrentarse a una pena de multa de tres a seis meses. Con el auto hecho público hace poco más de unas semana, finaliza la instrucción de la causa iniciada en 2009. Todavía está pendiente de la fecha de apertura del juicio oral. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por haber prescrito el delito. Garzón también ha recurrido el auto.