El Tribunal Supremo aprecia indicios de delito de cohecho impropio en la actuación del juez Baltasar Garzón por el cobro de hasta 1,2 millones de dólares en concepto de patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York en 2005 y 2006, según un auto notificado este viernes por el instructor de la causa, el magistrado Manuel Marchena.
El juez Marchena cree que las cantidades abonadas "tuvieron siempre relación directa" con su condición de juez, por lo que le imputa un delito de cohecho impropio.
El auto pone fin a la instrucción de la causa inciada en 2009-, transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da un plazo de diez días a las partes para que formulen escrito de acusación o pidan el archivo del caso, como previsiblemente hará la Fiscalía, informa Efe. Es el paso previo para la apertura de juicio.
Garzón podría enfrentarse a una pena de multa de tres a seis meses, ya que por la fecha en la que supuestamente fueron cometidos los hechos no es de aplicación la última reforma del Código Penal, de junio de 2010, que castiga el cohecho impropio con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
Esta es la última de las causas que Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo, donde ya ha sido juzgado por prevaricación por ordenar las escuchas en el caso Gürtel y está siendo enjuiciado por el mismo delito por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El delito por el que se juzgará es el mismo que por el que han sido llevados a los tribunales el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.
Directivos relacionadas con causas de la Audiencia
Según el auto del juez Marchena, Baltasar Garzón aprovechó su estancia como docente en la Universidad de Nueva York para organizar cursos para "invitar a personalidades relevantes del mundo político, empresarial y jurídico".
De esta forma, Garzón contactó con "directivos de importantes empresas españoles respecto de los que tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio" impulsado por él ya que algunos habían sido "testigos o imputados" en procesos instruidos por el juez o "habían tenido que responder por hechos delictivos atribuidos mediante denuncias o querellas tramitadas por la Audiencia Nacional"
Según el auto, llegó a pedir 2.595.375 dólares a a responsables "de distinto rango" del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa. Al final consiguió 1.237.000 dólares ya que algunas empresas rechazaron abonar "cantidades tan elevadas para proyectos que consideraban indebidamente justificados".
Garzón asegura que no solicitó patrocinios
El pasado 14 de diciembre, Garzón declaró por este asunto por segunda vez y volvió a negar ante el magistrado Marchena que hubiera solicitado patrocinio al Banco Santander y a otras empresas como la petrolera Cepsa, Endesa, BBVA y Telefónica para que le sufragaran los cursos en los que participó mientras disfrutaba de una licencia de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informa Europa Press.
Marchena estima acreditado que durante su estancia en Nueva York en 2005 y 2006 Garzón era juez en activo; que el Banco Santander, BBVA, Telefónica, CEPSA y Endesa aportaron dinero para sus cursos -le llama "exitoso gestor de fondos"- en atención a esa condición y que eso supuso "la obtención de un aprovechamiento" para él.
Así, llega a afirmar que la falta de coincidencia entre las cantidades que la Universidad de Nueva York afirma haber pagado a Garzón y las que aparecen en su cuenta bancaria solo puede explicarse por "la existencia de cuentas en el extranjero que no han sido identificadas o el abono de cantidades en metálico o a través de personas o sociedades instrumentales".
El magistrado cita, por ejemplo, una sociedad denominada Mades Comunication S.L. de la que es apoderada la mujer de Garzón y que está administrada por la hija del matrimonio, pese a que no empezó a operar hasta febrero de 2010.
Marchena también se refiere al reparto de las partidas destinadas al personal académico, de dirección y administrativo de los cursos dirigidos por Garzón y habla de "un interesado escenario de descontrol" y de "un reparto clandestino de dinero procedente de unas subvenciones cuya pormenorizada justificación nunca llegó a ser exigida por las empresas que financiaron los cursos".
Seguía siendo magistrado, con licencia de estudios
Para justificar la condición "funcionarial" de Garzón durante su estancia en Nueva York -necesaria para imputarle cohecho impropio-, recuerda que éste disfrutaba de una licencia de estudios y que la ley dice que un juez solo deja de estar en activo si se encuentra en situación de servicios especiales o de excedencia voluntaria.
"Quienes respondieron a la solicitud (de fondos) de Garzón sabían perfectamente quién era el requirente y cuál era su destino profesional. Y por si hubiera alguna duda, ya se encargaba el imputado de recordárselo", añade el instructor, que recuerda que éste hacía siempre referencia a su condición de magistrado en los escritos en los que se dirigía a las entidades patrocinadoras.
Éstas, dice Marchena, aportaron fondos "en consideración" a su condición de juez, lo que cree demostrado porque fue Garzón "quien se dirigió a algunas de las principales empresas españolas con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas para la financiación de los cursos por él dirigidos".
Exdirectivos del BBVA, investigados en la Audiencia
El magistrado se detiene en el caso del BBVA, que desembolsó 200.000 dólares meses después de que Garzón instruyera en la Audiencia Nacional un caso -el de los fondos de pensiones, que seguía abierto en 2005- que llevó a la dimisión de Emilio Ybarra como presidente y a su sustitución por Francisco González, que autorizó el patrocinio.
"Garzón solicitó y obtuvo ayuda financiera de una entidad bancaria cuyos principales exdirectivos estaban siendo investigados en el Juzgado del que todavía era titular", dice el auto.
Por último, Marchena cree probado que el juez obtuvo un aprovechamiento personal y que no es cierto que el sueldo que recibía "nada tenía que ver con la cuantiosa aportación dineraria" hecha por las empresas.
Aceptar ese argumento "exigiría admitir que los dólares con los que la Universidad de Nueva York abonaba la retribución de su profesor eran 'distintos' o, dicho con consciente simpleza, 'no se mezclaban' con los que de forma regular nutrían sus cuentas corrientes procedentes de las más importantes empresas españolas", dice.
El instructor dice, por último, que Garzón "silenció" a la universidad norteamericana que seguía cobrando "el importe íntegro de sus retribuciones" como juez de la Audiencia Nacional y que, a la vez, "ocultó" al Consejo General del Poder Judicial los cerca de 6.000 dólares mensuales que recibía del citado centro educativo.