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El Congreso da el primer paso para aprobar la reforma con los votos de PP, PSOE y UPN

  • Alonso: "La Constitución debe acoplarse a los tiempos"

  • Santamaría: "El cambio es necesario, oportuno y responsable"

  • CiU no ha participado en la votación, pese a estar en sus escaños

Ver también (PDF): Así queda el artículo 135 de la Constitución | Texto de la Ley Orgánica

C. PEÑA / A.B. GARCÍA
5 min.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la tramitación de la reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas con 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. También ha recibido el apoyo de la Cámara la tramitación, por el proceso de lectura única, lo que favorecerá la previsible aprobación de la reforma el próximo día 2 de septiembre.

Los 16 votos  en contra son de PNV, ERC-IU-ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai, así como  del ex sindicalista Antonio Gutiérrez, único diputado del Grupo  Socialista que rompió la disciplina de voto, mientras que las dos  abstenciones corresponden a los diputados de Coalición Canaria.

La sorpresa la han dado, según ha informado Mamen del Cerro de TVE, los diez diputados del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), que tras mostrar su desacuerdo con la reforma no han participado finalmente en la votación, aunque han permanecido en su escaño. Su portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, ha justificado, este comportamiento  en los pasillos del Congreso alegando que al igual que no participaban en las negociaciones, no han participado en la votación.

El único punto del día ha sido la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE y PP en la madrugada del pasado viernes, y su tramitación con urgencia y en lectura única.

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha sido el encargado de subir a la tribuna por parte del PSOE para defender la reforma constitucional que consagra en la Carta Magna una disciplina presupuestaria y que ha definido como una medida "solvente y contundente".

La portavoz del partido popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría,  ha sido la encargada de exponer las razones del apoyo de los populares al cambio constitucional, contenido en el artículo 135 de la Carta Magna.

Para el PP, la reforma tiene un valor trascendental porque es "el resultado de un acuerdo entre los dos grandes partidos". También ha resaltado que el cambio es "necesario, oportuno y responsable", ya que permitirá que no "se gaste más de lo que se ingresa", ha reiterado.

El PSOE asegura que la reforma defiende el Estado de Bienestar

"Toda constitución democrática debe acomodarse a la justicia social, y en eso los socialistas estamos especialmente interesados" ha defendido Alonso en una intervención en la que ha remarcado la necesidad de adecuar la Constitución a la situación actual.

Alonso ha considerado que la reforma reforzará el compromiso de España con la necesaria reducción del déficit público y tratará de "acabar ya sin dilación" con las turbulencias de semanas pasadas, que si se mantuvieran en el tiempo pondrían "en serio riesgo" las políticas sociales.

Con sus palabras ha comenzado el debate de toma en consideración de la proposición de ley pactada entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución.

 Si se acepta la tramitación de la propuesta y se establece que sea por la vía de urgencia y de lectura única, el texto podrá ser aprobado el próximo viernes, en otro pleno extraordinario.

Cuando finalice la sesión plenaria se abrirá un plazo para que los grupos presenten enmiendas, que finalizará a las 14.00 horas del próximo jueves.

La reforma pasará la semana próxima por el Senado, probablemente el día 6, y allí quedaría definitivamente aprobada si no hay ningún cambio. Si hay cambios, debería volver al Congreso.

La reforma permitirá despejar incertidumbres

En su intervención ante la Cámara, Alonso ha relatado cómo en los últimos meses la situación económica internacional se ha caracterizado por "fortísimas tensiones en los mercados financieros" con un impacto directo sobre el coste de financiación de la deuda, por lo que ha apostado por la reforma pactada con los populares como la mejor manera de "despejar incertidumbres". 

Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas

"Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna duda al respecto", ha afirmado desde la tribuna del Congreso al inicio del debate sobre la toma de consideración.

En la tribuna del Congreso, Alonso ha señalado, citando el planteamiento del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo que caracteriza a las políticas socialistas es que "la izquierda gasta el dinero y los recursos en políticas de igualdad" y "esa es nuestra marca distintiva".

Para los populares es una reforma “oportuna y necesaria”

Los populares han resaltado en su discurso que el cambio es “indispensable para la creación de empleo”, y han incidido en la idea de la trascendencia del paso que se va a dar porque la estabilidad presupuestaria forma parte del “interés general”. La portavoz popular, Soraya Saénz de Santamaría, ha recordado que la inclusión de un tope de déficit en la Constitución fue propuesto por su partido “ya hace un año”.

En la exposición, el PP también ha insistido en que la reforma une más a nuestro país con Europa, y que aunque los dos grandes partidos cuentan con amplia mayoría para su aprobación, debe hacerse un esfuerzo para “sumar voluntades”, en referencia a los partidos minoritarios que rechazan la propuesta de ley.

Es el primer paso para devolver la confianza

Como su homólogo socialista,  ha asegurado que garantiza el Estado del Bienestar porque "nada pone  más en peligro y amenaza las conquistas sociales como unas cuentas  públicas insostenibles".

También ha indicado que esta reforma es el  primer paso para devolver la confianza a la economía española un  paso decisivo para reformar la confianza en las instituciones.

La portavoz parlamentaria agregó que la modificación de la Carta Magna vincula al Estado, a las Comunidades Autónomas y a los entes locales, que son responsables de más de la mitad del gasto público en España. "Planteamos más responsabilidad, no se trata de rebajar el poder de los gobiernos autonómicos", a los que "no se les exige más que al Estado del que forman parte", advirtió.

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