Ha pasado más de un año desde que el proyecto de la conocida Ley Antidescargas viera la luz. Tras varias prórrogas, enmiendas, manifiestos, opiniones a favor y en contra, será el próximo martes 21 cuando los grupos parlamentarios debatan el texto que luego se remitirá al Senado.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha manifestado que espera que la Ley de Economía Sostenible, que contiene la polémica disposición sobre el cierre de webs, se apruebe antes de febrero algo para lo que contará con el apoyo de PNV y CC.
¿Al Senado sin pasar por el Congreso?
La asociación Red Sostenible, que engloba a ciudadanos e internautas, ha denunciado que el Gobierno podría aprobar "con alevosía" el texto, utilizando un mecanismo conocido como "competencia legislativa plena" para que la 'Ley Sinde' no pase por el pleno del Congreso para su aprobación. Además, con este mecanismo dejaría sin efecto posibles enmiendas del Senado a dicha Ley.
La "Competencia legislativa plena" permite pasar un proyecto de ley directamente al Senado sin pasar por el Congreso. Una vez que haya sido aprobada en el Senado, al haber optado por esta fórmula, se pueden ignorar las enmiendas del senado y votar en una única votación en el Congreso que la ley se apruebe.
Este mecanismo se suele utilizar para la aprobación de leyes "poco importantes o de amplísimo consenso, para agilizar los trámites", denuncia Red Sostenible. La Comisión de Economía y Hacienda sería la encargada de llevar a cabo el proceso.
Sin embargo, los grupos parlamentarios han tenido que solicitar hasta doce prórrogas para presentar sus enmiendas al texto, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo.
“La ley fue aprobada en el Consejos de Ministros en marzo“
Se esperaba que el tramite parlamentario finalizara antes del verano. Sin embargo, tanto socialistas como 'populares' han coincidido en subrayar la "enorme complejidad" del texto, por la gran cantidad de sectores e intereses que implica, entre ellos los afectados por la polémica disposición acerca del control de las descargas de contenidos online.
Para poderlo realizar este procedimiento exprés, necesitan más del 51% de los apoyos.
El Partido Socialista, que ya ha pactado con PNV y CC, está a punto de conseguir el apoyo de CiU para poder completar el porcentaje necesario, informa la plataforma.
Los creadores urgen a aprobarla
Por su parte, el presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, urge a aprobar la 'Ley Sinde' ante el riesgo de que "se vayan" las multinacionales de la industria cultural asentadas en nuestro país.
"Algunas ya se han ido y confío en que si se aprueba la Ley de Economía Sostenible regresen a España ya que a ellas les interesa estar en países con culturas globales", ha asegurado el presidente de los creadores en una conferencia celebrada en Madrid a la que ha asistido la Ministra de Cultura, Angeles González-Sinde.
Olcense se ha mostrado convencido de que España, "líder en piratería", seguirá estando en la conocida 'lista 301' integrada por los países que no protegen los derechos intelectuales.
Abogó por un "pacto de buen gobierno" entre las operadoras y los creadores como solución al problema y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con Redtel para aplicar el reglamento de la Ley de Economía Sostenible (LES).
Las claves de la Ley Antidescargas
- La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
- Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
- Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
- En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
- Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
- Tras su aprobación el pasado mes de marzo en el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y no entraría en vigor hasta 2011