El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 19 de marzo en Sevilla la Ley de Economía Sostenible y junto a ella una de sus propuestas más polémicas: el cierre de páginas webs de descargas que se considere que infringen los derechos de autor.
La ley, que puso en pie de guerra a la Red, obtuvo el visto bueno coincidiendo con la festividad de San José, día no laborable en varias comunidades autónomas.
El ministerio de Economía publicaba el pasado mes de enero el texto final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, modificado para que sean los jueces de la Audiencia Nacional los encargados de decidir en un plazo máximo de cuatro días si se puede o no cerrar una web acusada de descargas ilegales.
El autor de una obra que se sienta perjudicado tendrá que denunciarlo a la comisión de propiedad intelectual. Será ésta la que lleve la denuncia a la Audiencia Nacional. El juez tendrá cuatro días para escuchar al autor de la obra y al titular de la web y resolver.
Moncloa pone así en marcha un procedimiento exprés, reservado para la protección de los derechos fundamentales, para cerrar webs de descargas ilegales y para ello deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin cambios a pesar de los 'peros'
El proyecto de Ley se remitió a varios organos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Social y al Consejo de Estado.
El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.
“La Fiscalía ve dudoso equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental“
Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de los derechos fundamentales.
Sin embargo, según ha avanzado a rtve.es Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, "no habrá ningún cambio según nos han dicho" en el texto que se apruebe en el Consejo de Ministros. Navarro afirma que la Coalición se siente por ello "satisfecha" ya que desde las entidades de gestión se ha pedido en todo momento que la Ley "siga adelante".
Quedan por conocer las conclusiones del informe del Consejo de Estado, un organismo que todavía no se ha pronunciado y que tal vez pudiera influir en el último momento en la redacción definitiva del texto.
Las claves de la Ley Antidescargas
- La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
- Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
- Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
- En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
- Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
- Tras su paso por el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y hasta verano de 2010 no entraría en vigor.
El presidente de la Coalición de Creadores afirma que desde su organización esperan que se puedan introducir algunos cambios en el trámite parlamentario.
"Un punto importante es la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil que permita que los jueces de lo civil puedan tramitar infracciones de propiedad intelectual en internet", afirma.
¿Quién formará la Comisión de Cultura?
En el anteproyecto de Ley de Economía no se menciona quiénes formarán parte de la Comisión dependiente de Cultura encargada de decidir qué webs vulneran la propiedad intelectual y por lo tanto deben cerrarse.
Los detalles de la composición de esta Comisión se desarrollarán en un reglamento, aunque podría quedar compuesta de la siguiente forma:
- Un juez de prestigio
- Representantes de los creadores
- Representantes de los consumidores e internautas
Movilización en la red
Desde que el pasado mes de diciembre se tuvo conocimiento del anteproyecto de la denominada Ley 'Sinde', los internautas se han movilizado para intentar frenarla y expresar su total desacuerdo con la nueva legislación. En las últimas horas, ante la inminencia de su aprobación en el Consejo de Ministros, las reacciones en contra se han multiplicado, y son miles los que no sólo se han sumado al manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales de internet", sino que han extendido una campaña para inundar de iconos de apoyo a este manifiesto la red social Facebook. Ya son más de 220.000 las personas que se han sumado al manifiesto.
Algunas de las más conocidas webs de descargas, como Seriesyonkis o Cinetube, muestran este viernes su página en negro y sin contenido, con un lema que dice "Por la libertad en la red, no al cierre de webs".