La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha respondido este lunes en Oviedo a la polémica suscitada tras la aprobación el viernes en el Consejo de Ministros de la ley antidescargas sin que el texto presentara finalmente ningún cambio.
Sinde ha defendido que la disposición adicional sobre las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, "irá al congreso tal y como está previsto" porque "es una medida suficientemente informada por los órganos consultivos, y está todo en orden".
“Es una medida suficientemente informada por los órganos consultivos, y está todo en orden“
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé que los jueces de la Audiencia Nacional los encargados de decidir en un plazo máximo de cuatro días si se puede o no cerrar una web acusada de descargas ilegales.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la tramitación del texto y su aprobación volvió a poner en pie de guerra a la Red, que acusa al Ejecutivo de aprovechar el puente festivo de San José para aprobar la ley antidescargas con "alevosía".
Lo cierto es que ni durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros ni en la posterior rueda de prensa, se hizo mención alguna a la Ley antidescargas, y a si finalmente el Gobierno había adoptado algún cambio tras los informes de los órganos consultivos.
Unos meses después de que los internautas se levantaran bajo el "Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de internet", la ley sigue su camino y tras su aprobación en el Consejo de Ministros queda el trámite parlamentario.
Por eso algunos de los promotores del "Manifiesto" decidieron volver a publicarlo en sus webs para mostrar su desacuerdo con este paquete de medidas.
Además, las páginas más populares de enlaces de descargas, como SeriesYonkis, Películas Yonkis o Cinetube, se fueron 'a negro' durante la festividad del Día del Padre y solo mostraban un enlace bajo el texto "POR LA LIBERTAD EN LA RED. NO AL CIERRE DE WEBS."
Sin cambios a pesar de los 'peros'
El proyecto de Ley se remitió a varios organos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Social y al Consejo de Estado.
El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.
“La Fiscalía ve dudoso equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental“
Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de los derechos fundamentales.
Las claves de la Ley Antidescargas
- La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
- Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
- Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
- En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
- Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
- Tras su paso por el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y hasta verano de 2010 no entraría en vigor.