La Ley Antidescargas, que prevé el cierre de webs que vulneren la propiedad intelectual, fue anunciada hace ya nueve meses. Sin embargo, pese a las intenciones de Cultura de acelerar el proceso lo máximo posible, su aprobación todavía no se ha consumado.
Los grupos parlamentarios han solicitado hasta doce prórrogas para presentar sus enmiendas al texto, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo. Este martes, finaliza de nuevo el plazo.
“La ley fue aprobada en el Consejos de Ministros en marzo“
Se esperaba que el tramite parlamentario finalizara antes del verano. Sin embargo, tanto socialistas como 'populares' han coincidido en subrayar la "enorme complejidad" del texto, por la gran cantidad de sectores e intereses que implica, entre ellos los afectados por la polémica disposición acerca del control de las descargas de contenidos online.
La maratón de enmiendas al texto ha sido tal que los partidos se han visto obligados a repartir la tarea de redacción entre varios grupos de trabajo.
La polémica Disposición Final Segunda
El jueves se votará en el Congreso el texto de la Ley de Economía Sostenible, que incluye la polémica Disposición Final Segunda, también conocida como Ley Sinde o Ley Antidescargas (ver texto íntegro en pdf. )
La Ley Antidescargas equipara la protección intelectual con un derecho fundamental, un aspecto que fue cuestionado por el Consejo Fiscal, órgano asesor del Fiscal General del Estado.
También contempla el concepto de "daño patrimonial", que permitiría el cierre de webs por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura.
“Para sacar adelante el texto el PSOE necesita mayoría absoluta“
En cuanto al proceso judicial, serán los jueces de la Audiencia Nacional los que decidan sobre si se autoriza o no el cierre de una web según ordene la comisión, valorando si en esta orden se vulneran algunos de los derechos fundamentales.
Para sacar el texto adelante, el PSOE necesita mayoría absoluta (176 diputados) y hacer frente a cinco enmiendas a la totalidad presentadas por PP, CiU, IU-ICV, BNG y UPyD.
La Red, en pie de guerra
A pesar del retraso que lleva la norma, la Red no ha bajado la guardia. Desde que se conociera la medida han sido numerosas las iniciativas ciudadanas que han mostrado su rechazo a la disposición.
Un ejemplo de ello es Red Sostenible que ha vuelto a expresar su rechazo a la 'Ley Sinde' en un comunicado y recuerda que "esta Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual".
En Twitter se suceden los mensajes bajo la etiqueta #redsos que animan a escribir a los parlamentarios antes de que finalice el plazo para presentar las enmiendas.
También sigue vivo el espíritu del 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet' que suscribieron en diciembre de 2009 miles de medios, blogueros y ciudadanos y en el que se subraya que "los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad".
Las claves de la Ley Antidescargas
- La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
- Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
- Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
- En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
- Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
- Tras su aprobación el pasado mes de marzo en el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y no entraría en vigor hasta 2011