El acuerdo de PSOE y Junts para delegar las competencias en migración a Cataluña ha dado este martes el primer paso para poder ser debatida en las Cortes. Pese a que Vox registró un escrito para que fuera rechazada, la polémica iniciativa ha sido admitida a trámite por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, ya que los letrados de la Cámara no ven inconvenientes en ello y los socios de Gobierno cuentan con mayoría en el órgano.
"Nunca se ha inadmitido a trámite ninguna proposición de ley por vulnerar supuestamente el reparto de competencias establecido en la Constitución", han argumentado los servicios jurídicos del Congreso en una nota que acompaña la decisión.
En la nota, los letrados también han expuesto que "hay numerosos precedentes de proposiciones de ley que contenían la transferencia o la delegación de competencias en materias de competencias exclusiva del Estado" y que algunas de ellas afectaban "de lleno a la soberanía del Estado".
Recuerdan varios precedentes similares
Han acompañado la nota con varios ejemplos de proposiciones que se admitieron a trámite, como la ley para transferir a Cataluña las competencias ejecutivas de tráfico y circulación de vehículos a motor, ambas con la categoría de exclusivas del Estado. Esta Ley Orgánica se aprobó cuando José María Aznar gobernaba con apoyo de CiU y el PNV.
También durante la presidencia de Aznar, pasó el filtro de "una Mesa con mayoría absoluta del PP" una propuesta para permitir a Cataluña convocar referéndums, una competencia que la Constitución encomienda al rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso. Aunque esta proposición de ley del Parlament fue finalmente rechazada, los letrados han explicado que "difícilmente se puede encontrar una materia que afecte más de lleno a la soberanía del Estado".
En la X Legislatura, ya en los albores del proceso independentista y también con una mayoría absoluta 'popular', se tramitaron una ley del Parlament y otra de CiU, ERC, e IU-ICV para delegar la competencia para organizar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.
En definitiva, la nota ha señalado que "en el pasado se han presentado más de cuarenta proposiciones de ley, bien sean de grupos parlamentarios o de parlamentos autonómicos, que tenían por objeto transferir o delegar competencias del Estado" y que "siempre, incluso con mayoría absoluta del PP, se han venido admitiendo a trámite.
Los apoyos en el pleno
Más complicados serán, no obstante, los siguientes pasos. La proposición de ley deberá recibir primero la luz verde de la mayoría del Congreso para su toma en consideración, un obstáculo que aún no está claro si podrá ser salvado. Hasta la fecha, el PP y Vox ya han anunciado que no la apoyarán: "Pone en riesgo nuestra seguridad interior en España", ha criticado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Además, falta ver qué hace finalmente Podemos, formación que tachó esta iniciativa de "racista" y amenazó con tumbarla cuando se debata.
"La exposición de motivos (de la proposición de ley registrada) compra marcos de extrema derecha", explicó la semana pasada el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, una entrevista en Las Mañanas de RNE, donde sostuvo que el texto habla de la inmigración como "un peligro que pone en riesgo la sostenibilidad de Cataluña".
En ERC, el portavoz del partido en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, señaló que ve con buenos ojos delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña, pero también destacó que le "preocupa" cómo se utilicen estas "cuando gobierna la derecha catalana", y por ello leerá "la letra pequeña".
Por su parte, desde Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo hace una semana que este acuerdo "respeta el marco constitucional y el marco europeo". De este modo, el partido prevé apoyar la tramitación de la norma y permitir que supere su primer trámite, si bien algunos miembro no están del todo de acuerdo con esta proposición de ley.
Por ejemplo, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, destacó que el problema de esta proposición de ley es que "se compren" de manera parcial aspectos de Aliança Catalana. También el diputado de Compromís Alberto Ibáñez criticó este acuerdo alegando que "no vamos a comprar los marcos de la extrema derecha, hablen catalán o hablen español".
Àgueda Micó, diputada de Compromís, uno de los partidos que conforman el grupo parlamentario de Sumar, ha explicado que están "siempre de acuerdo con la delegación de competencias y mejorar el autogobierno de todos los territorios". No obstante, ha remarcado que desde su partido defienden "los derechos fundamentales de las personas migrantes", para lo que quieren reformar la Ley de Extranjería con el apoyo de los socialistas: "Esperamos que el PSOE quiera mejorar las políticas de migración para tener el apoyo de Compromís".