El acuerdo entre PSOE y Junts para delegar las competencias en materia migratoria a Cataluña ha abierto una grieta en las filas internas de Sumar. Yolanda Díaz defendió el martes lo pactado como una "negociación entre dos formaciones políticas" que se enmarca en la Constitución y sujeta al respeto de los derechos humanos. Un argumento defendido también desde el PSOE, que vuelve a oxigenar como puede la legislatura gracias a los de Puigdemont.
Sin embargo, las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no han convencido a algunos integrantes de la coalición que lidera. Desde Compromís han hecho pública este jueves su disconformidad con la proposición de ley, no tanto por los entresijos competenciales que plantea, sino más bien por la motivación que según ellos esconde Junts detrás de esta iniciativa escorada en "marcos racistas".
El diputado en el Congreso por la formación valenciana, Alberto Ibáñez, ha explicado las razonas por las cuales su partido se opone a la iniciativa. Lejos del supuesto encaje que pueda o no tener en la Constitución, Ibáñez ha asegurado que el acuerdo tiene que ver con "la mayor batalla cultural que atraviesa las democracias europeas".
Un proyecto que busca "empujar" la agenda política y mediática hacia "posiciones racistas" que pertenecen a la extrema derecha, ha asegurado el diputado: "La propuesta es más control social, mas policías, mas cárceles ilegales como los CIEs y alarmar ante un fenómeno que no existe, el exceso de personas migrantes".
"La intención de Junts con esta propuesta firmada con el PSOE es situar el debate político en marcos, que bajo nuestro punto de vista, son racistas. Por eso, no puede contar con nuestro apoyo", ha agregado en RNE.
El voto en el aire de Compromís
Los argumentos de Compromís se acercan a las críticas de Podemos respecto a la norma. Desde la formación de Ione Belarra explican que votarán "radicalmente en contra" de un acuerdo que busca, según ellos, "descentralizar el racismo". Si bien es cierto que los 'morados' acostumbran a poner al límite las negociaciones con el Ejecutivo hasta que finalmente dan el brazo a torcer, por el momento su negativa hace peligrar una propuesta de ley cuya toma en consideración todavía no tiene fecha.
En este sentido, Compromís no se ha mostrado tan categórico, y aunque rechazan la iniciativa han dejado en el aire cuál será la orientación de su voto en el Congreso cuando se ponga en marcha su tramitación.
Preguntada por la agencia EFE, la portavoz del partido dentro del grupo plurinacional, Àgueda Micó, no ha aclarado si respaldarán el acuerdo desde el escaño aunque la diputada se ha volcado con las palabras de su compañero Alberto Ibáñez y ha aclarado que votarán lo mismo tras un debate interno en el seno de la formación y en función de lo que decida la dirección nacional.
Por su parte, Ibáñez ha puesto el foco en que todo pasa por la "defensa de los derechos humanos" y ha recalcado que, bajo su punto de vista, los problemas que existen en España son "el rentismo, el machismo y el cambio climático", por lo que se niegan a compartir "la agenda de la extrema derecha".
Incomodidad también en el resto de partidos de Sumar
Aunque Compromís ha sido el grupo que mayor rechazo ha expresado frente a esta norma dentro del grupo plurinacional, también se respira incomodidad en otras formaciones por idéntico motivo. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, mostró el pasado miércoles su preocupación ante un pacto competencial que puede derivar "en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas". Por ello, insistió en la necesidad de poner en el centro del debate el respeto a las personas migrantes frente a políticas que están "poniendo en la diana a las personas más vulnerables".
La Chunta también ha presentado dudas sobre el proyecto y desde Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que su partido es favorable a la delegación de competencias, pero tiene "dudas técnicas, legales e ideológicas", porque, según él, la iniciativa plantee la inmigración "en clave restrictiva".
Por ello, ha advertido al PSOE de que si quiere contar con el apoyo mayoritario del Congreso "tendrán que negociar" y asumir las enmiendas que IU prevé presentar como parte de Sumar en la fase posterior a la toma en consideración de la iniciativa, si continuara la tramitación.
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Por su parte, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, manifestó también el pasado miércoles su malestar con el "marco nativista" bajo el que está redactada la proposición de ley, planteando la realidad migratoria como una "amenaza", asumiendo argumentos ultraderechistas de Aliança Catalana.
La posición menos disruptiva dentro de Sumar con la norma la plantean Comuns, que prefieren de momento mantener un perfil bajo frente al proyecto hasta que que conozcan sus detalles. Su portavoz, Aina Vidal, ha calificado el acuerdo como "positivo" en tanto que permitirá creará una ventanilla única para facilitar los trámites y fomentará la cooperación entre fuerzas policiales.
Sobre las intenciones de Junts con la norma, respondió este miércoles a los periodistas que si los de Puigdemont gobiernan "preocuparán muchas cuestiones". Sí ha señalado no obstante que la formación independentista se "está excediendo" haciendo una "interpretación interesada del texto" cuando ha sido interrogada sobre la petición de Junts de conocer el catalán para obtener el permiso de residencia en Cataluña.
Pero pese a las reticencias presentadas por los integrantes del grupo plurinacional, el ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, volvió a reiterar la pasada noche en el canal 24 horas que Sumar ve la propuesta "con buenos ojos" y pidió diferenciar lo competencial de la cuestión con aquello que tiene que ver con política migratoria. La principal crítica que han expresado sus compañeros de partido.
El PSOE defiende su "constitucionalidad" con pocas voces críticas
Desde el lunes, los socialistas insisten en defender la "constitucionalidad" del acuerdo. Es el principal reproche al que se enfrentan lanzado desde las filas de PP y Vox. Sin embargo, dentro del PSOE tase han alzado algunas aunque pocas voces críticas con el pacto alcanzado con Junts.
La principal ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha tachado de "hipócrita" la proposición de ley porque tiene planteamientos "de la peor extrema derecha" y "racistas", bajo su punto de vista. "No fuimos a las elecciones con este planteamiento, fuimos con un planteamiento contrario: cualquiera que se considere de izquierdas no puede ni mucho menos tragar con una realidad que es, cuanto menos, de un racismo muy evidente y de exclusiones identitarias", ha advertido el presidente castellanomanchego durante su intervención en el IV Foro Económico Español Castilla-La Mancha.
Por ello, Page ha lamentado que "es de una hipocresía tremenda plantear muros" contra la extrema derecha y a la vez negociar este pacto, que, ha alertado, también "dinamita por completo la viabilidad de un pacto de Estado sobre inmigración en España con las comunidades autónomas."
Preguntado por las palabras del barón 'socialista', el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado pronunciarse directamente aunque ha reiterado que el acuerdo con Junts es "estrictamente constitucional" porque se hace "al amparo" de su artículo 150, que menciona la potestad del Gobierno para "delegar" competencias de titularidad estatal en las comunidades.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este jueves que la Ley de Extranjería recoge que los migrantes conozcan la lengua del territorio correspondiente, en referencia a la polémica por la posible exigencia de que los migrantes deban saber catalán. Según el jefe del Gobierno, el acuerdo se ajusta a la Constitución, y ante la posibilidad de que no logre el aval del Congreso al haber expresado ya su rechazo socios de investidura como Podemos o Compromís, ha instado a ir "partido a partido".
Como el texto está en el Parlamento, Sánchez ha explicado que será ahí donde habrá que hablar y negociar para sacar adelante el acuerdo, pero sí ha mostrado su sorpresa por el rechazo de algunas formaciones sin citarlas explícitamente. "No deja de ser curioso que algunos grupos que están diciendo que no a esto se autodenominen plurinacionales", ha subrayado.
Sánchez ha invitado a imaginarse que Cataluña se mantuviera en la situación de 2017 para pensar cómo sería el crecimiento económico de España y ha concluido: "No hay color".