La mayoría de las juezas y magistradas descarta discriminación alguna en el acceso a la carrera judicial. Sin embargo, sí que advierten de su existencia una vez dentro, en su promoción profesional, y apunta a la sobrecarga de trabajo y a las dificultades para conciliar como principales obstáculos. Así lo recoge el estudio ''Causas de la baja participación de las mujeres en los cargos de nombramiento discrecional de la judicatura', presentado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Comisión de Igualdad del CGPJ ha dirigido este informe en el que se señala que "no existen barreras de género en el sistema de acceso a la carrera judicial, que las encuestadas perciben como justo, objetivo y libre de sesgos de género".
Si bien no perciben discriminación en la entrada, no curre lo mismo en las siguientes fases: "La desigualdad la perciben una vez dentro, ya que el 74% de las encuestadas cree que no reciben el mismo trato que sus compañeros ni tienen las mismas oportunidades de desarrollo profesional", expone el CGPJ.
Conciliación de vida laboral y familiar
El 65% de las mujeres encuestadas coincide en que las principales barreras con las que se topan las mujeres para acceder a esos puestos son "la sobrecarga de trabajo, tanto en el órgano en el que están destinadas como la que supondría ser nombrada para ocupar un cargo", junto a las dificultades para conciliar la vida personal con la familiar.
Cuando se realizó el informe, el 64,4% de las juezas y magistradas estaban destinadas en un órgano unipersonal, unos puesto que reúnen, en opinión de las encuestadas las peores condiciones de trabajo y dan menos facilidades para lograr esa conciliación.
Además, casi el 75% de las encuestadas son madres, la mitad de ellas con hijos que todavía son menores de 12 años, mientras que un tercio asume tareas de cuidado de personas mayores. Solo el 14% realiza actividades compatibles con la carrera judicial que pueden ser útiles de cara a una futura promoción.
Más difícil alcanzar puestos de responsabilidad
Seis de cada diez encuestadas consideran que las dificultades en la conciliación influyen en sus posibilidades de alcanzar puestos de responsabilidad. En cambio, para el 19,71% pesa poco y para el 14,23% restante, no pesa nada. Además, un siete de cada diez perciben que las mujeres son más criticadas que los hombres una vez alcanzan estos puestos.
En este sentido, la mayoría coincide en que la condición de mujer influye negativamente en las posibilidades de ocupar puestos de poder con un techo de cristal que no les permite escalar hacia los puestos de mayor relevancia en el poder judicial.
En relación al sistema de selección para ocupar un cargo discrecional, el 72,3% cree que es discriminatorio para las mujeres: "Consideran que el mérito y la capacidad no son los factores que más influyen en la posibilidad de acceder a estos cargos, lo que para el 97 % de las encuestadas depende mucho o bastante de las relaciones informales".
El 92,51% también menciona la importancia de pertenecer a una asociación judicial para conseguir esos puestos, y el 75,6% alude igualmente a la ideología. Solo el 41,07% cree que los méritos son un factor determinante, porcentaje que baja hasta el 28,96% en relación con la capacidad.
Es necesario fomentar la igualdad
Sobre sus motivaciones para optar a puestos discrecionales, el 96,5% de las mujeres responde con su deseo de mejorar el sistema judicial y un porcentaje similar menciona el aprendizaje personal. Les siguen el apoyo de los compañeros, ser un referente para otras personas y las condiciones laborales y la retribución económica. Con un 41,7%, el factor menos motivador tiene que ver con las tareas de representación asociadas a estos cargos.
En este contexto, casi el 80% de las juezas y magistradas encuestadas opina que las medidas para fomentar la igualdad en el seno de la carrera judicial son necesarias. Además, un 55% se muestra a favor de establecer un sistema de cuotas que permita la paridad, pero solo el 24% serían partidarias de que a igualdad de méritos se nombrara a una mujer para alcanzarla.
Prácticamente todas las juezas y magistradas que realizaron la encuesta están de acuerdo con la transparencia del proceso de selección y de los criterios evaluables. Nueve de cada diez opinan que deberían publicarse las puntuaciones asignadas a los méritos y establecer unos criterios más ligados al desempeño del puesto. También abogan por ampliar las medidas que favorezcan la conciliación.