La Audiencia de Madrid estudia este miércoles si respalda ampliar la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para indagar, entre otras cuestiones, en un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión.
La sección tercera de la Audiencia madrileña se reúne a puerta cerrada para estudiar el recurso del empresario contra la apertura de una pieza separada para investigar "otros delitos distintos" a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental que ya se instruyen en la causa en la que se investiga un supuesto fraude fiscal en los que pudo haber incurrido, a escasos cinco días de que este declare ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
Una cita judicial que ha conseguido posponer en diversas ocasiones y que su defensa cree que no se puede celebrar hasta saber si la Audiencia mantiene abierta o decreta el cierre de esta pieza separada, que se abrió a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid.
La pieza separada
Aunque en un principio lo rechazó, la magistrada acabó ampliando las pesquisas para indagar si González Amador -ya investigado por un presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda y falsedad documental- pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el presunto uso de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona, de la que es administrador.
La Fiscalía puso entonces el foco en el presunto pago de 499.836,92 euros efectuado a la mujer del presidente de Quirón Prevención, por una empresa, una operación en la que ve una posible "comisión encubierta" que considera que hay que investigar.
Al margen de lo que estimen los magistrados de la Audiencia de Madrid, cuya decisión no se espera conocer este miércoles, la magistrada mantiene el próximo lunes la citación de González Amador, que podría negarse a declarar si el tribunal no ha dictado aún una resolución.
Hasta cuatro veces se ha suspendido su declaración por distintos motivos a lo largo de la investigación, en la que aún no ha dado su versión y que cumple un año el próximo mes de marzo.
El novio de Ayuso pide al TS que se conserven los datos del móvil de Cerdán
Por otro lado, González Amador ha pedido al Supremo que ordene a cuatro compañías telefónicas la "conservación de todos los datos" que hayan acumulado, entre otros, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y tres ex altos cargos de Moncloa.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado solicita al juez Ángel Hurtado que se conserven los datos de la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; de los exsecretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Fernando Antolín; de la jefa de gabinete del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, y del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato.
En concreto, pide requerir a cuatro compañías "la conservación de todos los datos" que "hayan acumulado de forma automática" en sus terminales "desde el 1.03.2024 hasta la fecha del requerimiento y durante un periodo inicial de conservación de 90 días".
El letrado de González Amador explica que "en apenas tres semanas se cumplirán los 12 meses del inicio del periodo" en que se investigan los hechos, del 8 al 14 de marzo de 2024, "y con él la eliminación de los datos automáticos conservados por los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas".
Por ello, y "dada la relevancia de esos datos", solicita al magistrado que ordene a cuatro compañías telefónicas que también conserve todos los datos de los tres investigados en la causa: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.
Pide igualmente que se determine si el archivo que reenvía Pilar Sánchez Acera a Lobato a las 8:29 el 14 de marzo contiene "metadatos que permitan saber el origen y tráfico". Sánchez Acera le envió el correo de la defensa de la pareja de Ayuso -que investiga el magistrado- de cara a su intervención en la Asamblea de Madrid.