Aforado, investigado, suplicatorio, acusación popular, ‘lawfare’… A lo mejor te estás preguntando, ¿de qué me hablas? Todos ellos son términos jurídicos que se cuelan a diario en noticias, reportajes y entrevistas. Con esta serie de episodios te ayudamos a entender qué significan.
La princesa Leonor, el presidente del Gobierno, los jueces o los parlamentarios están aforados. Todos ellos desempeñan un cargo público determinado y, por eso, cuentan con esta garantía procesal.
Si una persona aforada comete un delito le juzgará un tribunal distinto al del resto de ciudadanos. Por ejemplo, el presidente del Gobierno está aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En cambio, los jueces y magistrados lo son ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Aforado, una condición muy de España
En España miles de personas cuentan con aforamiento. No obstante, en seis comunidades – Murcia, Cantabria, La Rioja, Aragón, las islas Canarias y las islas Baleares – han eliminado esta condición en cada Estatuto de Autonomía.
Lo cierto es que el aforamiento se da a nivel testimonial en otros países europeos. Es el caso, por ejemplo, de Portugal o Italia, donde solo el presidente de la República está aforado. En países como Reino Unido o Estados Unidos no existe como tal la condición de aforado, pero sí ciertos niveles de inmunidad parlamentaria.
El rey de España está un escalón por encima al resto de aforados, ya que es inviolable según la Constitución de 1978. Esto quiere decir que Felipe VI no puede ser detenido ni juzgado.