La Generalitat Valenciana ha trasladado a la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado mes de octubre que la decisión de mandar la alerta correspondió a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, que estaba a cargo del Cecopi.
Horas antes de que expirase el plazo de cinco días que había dado la magistrada a la Generalitat para responder quién ordenó enviar el SMS de alerta a las 20.11 del 29 de octubre, el Gobierno de Carlos Mazón ha asegurado que Pradas dirigía el centro de coordinación de emergencias en el momento del envío y que además la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se encontraba allí formando también parte del comité.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja está tratando de dilucidar si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por “otros medios” de forma previa, como “conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios”. Por ese motivo, había pedido explicaciones al Gobierno de Mazón.
Convocado a las 15.00h y reunido a las 17.00h
La Generalitat expone en un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se constituyó a las 17.00 horas del 29 de octubre y "la dirección del Plan la ejercía la entonces consellera de Justicia e Interior, dentro de un 'comité de Dirección' formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno".
Además, desde el Gobierno de Mazón añaden que en el Cecopi "se abordó y debatió la emisión del aviso" y fue convocado a las 15.00 para reunirse a las 17.00. En el escrito también se detallan todos los organismos que fueron llamados a la reunión, entre ellos la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la UME, Bomberos o la consellera de Justicia e Interior.
Respecto a la solicitud de la jueza de identificar al técnico o funcionario que, en cumplimiento de la orden de remisión del citado mensaje a la población, la llevó a efecto a través de los cauces y operadores de telefonía, la Generalitat ha aportado dos nombres, correspondientes a personal funcionario de Emergencias.
Según explica la Generalitat, de acuerdo con los registros existentes en el sistema Public Warning Portal Red de Alerta Nacional, plataforma alojada en los servidores del Ministerio del Interior, y de conformidad con la consulta realizada sobre esa fecha, aparecen inscritos dos usuarios, uno como redactor y otro como validador del mensaje.
Además, la jueza instructora también ha recibido otro informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En él se asegura a la magistrada que los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) eran accesibles para el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat, a través de una aplicación facilitada por la propia confederación.