El presidente surcoreano destituido, Yoon Suk-yeol, no ha comparecido este martes ante el Tribunal Constitucional, que debe juzgar su cese acordado por el Parlamento tras la declaración durante horas de la ley marcial el 3 de diciembre. El alto tribunal debe determinar si la destitución de Yoon Suk-yeol es o no definitiva.
La defensa del presidente ha justificado la ausencia por "seguridad".
El presidente del Tribunal ha cerrado la sesión ante la ausencia del acusado, informa Efe, que cita a la agencia local Yonhap. El Tribunal ha convocado de nuevo a Yoon para el día 16, pero el proceso no se detendrá en ningún caso.
El Constitucional tiene 180 días, desde el 14 de diciembre, para determinar si se mantiene la destitución del presidente o le restituye en el cargo. Si se confirma la destitución, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
Yoon está acusado también en una causa penal por un delito de insurrección por su declaración de la ley marcial. El político conservador ha rechazado cooperar con las autoridades en esta causa, y por eso se ha ordenado su arresto, que hasta ahora no ha podido producirse por la resistencia de su equipo de seguridad.
Las Fuerzas de Seguridad preparan el arresto de Yoon
Precisamente, representantes de la Policía, la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y el servicio de seguridad presidencial se han reunido este martes para tratar de coordinar un nuevo intento de arresto de Yoon.
El Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) ha accedido a participar en la reunión tras recibir una misiva de la Policía en la víspera pidiendo su colaboración en el asunto y ser advertido de consecuencias legales ante cualquier obstrucción.
Las autoridades surcoreanas preparan un nuevo dispositivo para tratar de arrestar al presidente, en el que podrían participar hasta 1.000 efectivos. Se cree que Yoon permanece escondido en su residencia desde que la Asamblea Nacional lo destituyera.
Tras el primer intento de detención fallido, el PSS reforzó el recinto con alambre de espino, barricadas o alineando autobuses para dificultar el paso, por lo que se especula a su vez con el tipo de activos, desde helicópteros a vehículos acorazados, que la Policía podría llegar a desplegar en una segunda operación.
El refuerzo ha suscitado además preocupación por el potencial enfrentamiento físico entre las fuerzas del orden, el PSS y los miles de manifestantes a favor y en contra del presidente que llevan semanas reuniéndose frente al lugar.
Los abogados de Yoon han pedido una anulación judicial para la orden de arresto, ya que argumentan que sólo la Fiscalía, y no la oficina anticorrupción, puede solicitar una detención por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune un presidente surcoreano.