Corea del Sur sigue inmersa en una importante crisis política, que este viernes ha sumado una nueva dimisión. Se trata de Park Chong-jun, el jefe del Servicio de Seguridad (PSS) del presidente cesado Yoon Suk-yeol, una decisión que podría facilitar su detención por la declaración de la ley marcial en diciembre.
La noticia se conoce poco después de que Park se presentara a declarar ante el ente que investiga a Yoon. "Creo que muchos deben estar profundamente preocupados ante la situación actual, con organismos gubernamentales enfrentándose entre sí", explicaba Park en declaraciones a los medios a su llegada a la sede del equipo de investigación conjunta, donde ha asegurado que "no debería haber enfrentamientos físicos ni derramamiento de sangre bajo ninguna circunstancia".
Park se refería así al tenso encaramiento entre los investigadores de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) y el PSS, que el pasado viernes no permitió el acceso al interior de la residencia presidencial para aprehender a Yoon, lo que obligó a cancelar el operativo para el arresto. "Creo que la investigación debería proceder de una manera acorde con el estatus de un presidente en funciones", añadía Park en referencia a que Yoon, aunque fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre por su fallida declaración de la ley marcial once días antes, sigue siendo nominalmente jefe de Estado y Gobierno hasta que el Tribunal Constitucional determine si su cese debe ser o no ratificado.
Mientras, se espera que el CIO encabece en cualquier momento una nueva operación con la policía, que podría desplegar unos 1.000 agentes, para tratar de apresar al presidente. En caso de que logren arrestar a Yoon, los investigadores disponen de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso pueden solicitar una orden para prolongar la detención si lo creen necesario.
Se espera que traten de ejecutar
El presidente interino Choi Sang-mok ha aceptado la dimisión de Park y ha pedido consenso a los dos principales partidos del país para establecer un comité de investigación unificado que solvente los choques entre las autoridades y la CIO.
Por el momento, las pesquisas contra Yoon no las está llevando a cabo la Fiscalía, como teóricamente marca la ley, sino un equipo formado por la Policía, el Ministerio de Defensa Nacional y la CIO. Este último ente fue creado en 2021 por el anterior Gobierno liberal para recortar los poderes que ostentaba el ministerio fiscal y estuvo encabezado entonces por el propio Yoon Suk-yeol, que dimitió poco después para postularse como candidato conservador.
Yoon y aquellos que le apoyan, desde sus abogados a miembros del conservador y gobernante Partido del Poder Popular (PPP), insisten en que, tanto la CIO como el juzgado que expidió y después prolongó la orden de arresto temporal contra el presidente, carecen de jurisdicción sobre el caso. En este sentido, consideran que debería ser la Fiscalía la que investigue al presidente por supuesta insurrección, único delito para el que no prevalece la inmunidad presidencial en Corea del Sur, y el Tribunal Constitucional el que dirima si el presidente debe dejar el cargo o no como estableció el Parlamento.