El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho este lunes, durante el acto de defensa de la democracia tras un año de la asonada de extremistas de ultraderecha, que todos los que financiaron la intentona golpista un año atrás deben ser "ejemplarmente castigados".
"No hay perdón contra quien atenta contra la democracia, su propio país y su propio pueblo", ha asegurado en el discurso pronunciado en el Salón Negro del Congreso de la República.
En el acto denominado Democracia inquebrantable, Lula ha saludado a todos los ciudadanos que dijeron no al fascismo, y ha destacado el "coraje" de parlamentarios, gobernadores, ministros, jueces y militares que garantizaron que a día de hoy se esté celebrando "la victoria de la democracia sobre el autoritarismo".
Lula ha dicho este lunes que, si la intentona de golpe hubiera sido exitosa, la democracia se habría destruido, pues se habría "robado" la voluntad soberana del pueblo brasileño expresada en las urnas.
Según el mandatario, eso habría llevado a hundir a Brasil en un "caos económico y social", el país volvería a estar aislado del mundo y la Amazonía quedaría "reducida a cenizas" para darle paso a la minería ilegal.
Los poderes, en alerta
El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, ha afirmado, este lunes, que las fuerzas del Estado permanecen vigilantes contra los traidores: "La minoría que quiere tomar el poder sin respetar la Constitución".
Pacheco, quien también ejerce como presidente del Legislativo bicameral, ha hecho estas declaraciones en un acto en la sede del Congreso en que las autoridades de los tres poderes defendieron la democracia.
Recordó también que las fuerzas democráticas de Brasil están siempre abiertas al debate y al pluralismo pero que nunca tolerarán la violencia, el golpismo y la falta de respeto a la voluntad expresada por el pueblo brasileño en las urnas.
Un año del intento golpista brasileño
El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema fueron invadidas por miles de radicales seguidores de Bolsonaro, que no aceptaban su derrota en las urnas.
La Justicia lo consideró el "más brutal ataque a la democracia" brasileña desde el golpe militar de 1964 e imputó por esos desmanes a unas 2.000 personas, de las cuales una treintena ya ha sido condenada a penas de hasta 17 años de prisión.