La comisión del Congreso brasileño que investigó el asalto al poder del 8 de enero en Brasil ha aprobado este miércoles, por mayoría, su informe final, en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el "mentor moral e intelectual" de una trama golpista para intentar derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El informe, fruto de cinco meses de trabajo, propone además imputar a otras 60 personas, entre ellas cinco exministros del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), excomandantes de la Marina y el Ejército, una veintena de militares y una diputada federal, acusados igualmente de golpismo.
El informe pide imputar a los principales acusados por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado. Entre ellos se encuentra el exministro de Justicia Anderson Torres, el exministro de la Presidencia de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, o la diputada y referente de los ultras en Brasil, Carla Zambelli.
El documento, rechazado por el bolsonarismo, será remitido a la Fiscalía
El documento, presentado el martes, será ahora remitido a la Fiscalía.
Bolsonaro "nunca mostró simpatía por los principios democráticos" y "desde el primer día de Gobierno atentó contra las instituciones del Estado", afirmó el martes la senadora Eliziane Gama, portavoz del grupo parlamentario, al presentar el texto.
El informe redactado por Gama ha sido rechazado por el bolsonarismo, que ya ha anunciado que presentará un documento paralelo que acusará al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de "omisiones" en el área de seguridad que "facilitaron" la acción de los vándalos.
El documento relata detalladamente lo ocurrido en el país a partir del 30 de octubre del año pasado, cuando Lula se impuso en las urnas ante Bolsonaro.
A lo largo de 1.100 páginas, cita los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de "decreto golpista" hallado por la Policía.