El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha firmado este miércoles el decreto que da pie a una inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra", ha afirmado el mandatario chileno, visiblemente emocionado, durante una ceremonia junto a políticos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura.
El plan apunta a instalarse como una "política nacional permanente y sistemática" para esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas.
Se cree que hay casi 1.500 personas desaparecidas
De esta manera, Chile sigue dando pasos para reparar a las víctimas de la dictadura. Esta misma semana, la Corte Suprema de Chile condenó, de forma definitiva, a seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta represora de la dictadura de Augusto Pinochet, por el homicidio del ciudadano español Carmelo Soria Espinoza, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asesinado en la Región Metropolitana, ubicada en el valle central chileno, el 14 de julio de 1976.
Entre los culpables se encuentran los que fueron jefes de la organización, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, condenados cada uno a 15 años de prisión, y los agentes secretos Juan Morales Salgado, Guillermo Salinas Torres, René Quihot Palma y Pablo Belmar Labbé, con penas de entre 15 y 10 años de presidio mayor.