La Corte Suprema de Chile ha condenado este martes, de forma definitiva, a seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta represora de la dictadura de Augusto Pinochet, por el homicidio del ciudadano español Carmelo Soria Espinoza, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asesinado en la Región Metropolitana, ubicada en el valle central chileno, el 14 de julio de 1976.
Entre los culpables se encuentran los que fueron jefes de la organización, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, condenados cada uno a 15 años de prisión, y los agentes secretos Juan Morales Salgado, Guillermo Salinas Torres, René Quihot Palma y Pablo Belmar Labbé, con penas de entre 15 y 10 años de presidio mayor.
“Existe convicción de que en este caso hubo una agrupación criminal en la Dirección de Inteligencia Nacional (...) resulta claro que la asociación ilícita concibió, diseñó y aplicó un plan a desarrollar, lesionando intereses vitales, individuales y colectivos, que el legislador ha querido proteger dada su alta significación social”, explica la sentencia, difundida este martes a través de la página oficial del Poder Judicial chileno.
También han sido condenados Eugenio Covarrubias Valenza, a cuatro años por presentar declaración falsa bajo juramento, y Sergio Cea Cienfuegos, a 600 días por falsificación de instrumento público durante la investigación.
La DINA operó "sistemática y clandestinamente" contra opositores
La sentencia argumenta que desde 1973 "la DINA operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores", entre ellos Carmelo Soria Espinoza. "La actividad de esta organización, se encubría con aparentes actividades estatales de inteligencia, policía y seguridad", dice la sentencia.
Añade, además, que la organización mantuvo una estructura, función y organización jerárquica "paralela a la de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública", y que estaba formada por miembros de estas instituciones destinados "en comisión de servicio para ese efecto".
También "se integró a civiles que adscribieron a sus fines y métodos criminales, y de manera continuada, en conocimiento de la existencia de procesos criminales para esclarecer el secuestro y muerte de Carmelo Soria, miembros de dicha organización realizaron distintos actos destinados a ocultar las circunstancias en que se cometieron", según ha expuesto el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas Rocha.
La sentencia se produce en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, que sumió al país andino en un régimen autoritario durante 17 años.
Se calcula que un total de 40.175 personas fueron víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, y víctimas de prisión política y tortura, según cifras proporcionadas el ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.