Miles de funcionarios de la administración de justicia se han manifestado este jueves al considerar "insólito" que "un Gobierno que se dice democrático no esté escuchando" su "grito unánime", que reclama una subida de hasta 430 euros al mes --un total de 200 millones de euros para 45.000 personas-- y la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa.
Los funcionarios, que se han manifestado todos los días desde que empezó la semana, se han movilizado en el centro de Madrid en una marcha desde el Ministerio de Justicia hasta el de Función Pública para reclamar que se reanuden las negociaciones destinadas a poner fin a la huelga indefinida que empezaron hace un mes y que han endurecido esta semana para exigir que se atiendan sus peticiones.
Entre sus reivindicaciones, además de la subida salarial, solicitan que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio de Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".
Así las cosas, funcionarios de distintas partes del país se han movilizado de nuevo este jueves, ataviados con pitos, pancartas e indumentaria sevillana --en alusión al viaje que hizo la ministra Pilar Llop a la Feria de Abril durante la primera etapa del conflicto--, en respuesta a la convocatoria de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
Al grito de "ahora sí está Justicia en huelga", "eo, eo, eo, abajo la LOE", y "somos funcionarios, no somos vasallos" han recorrido 1,5 kilómetros de la capital. El ánimo durante la manifestación ha sido de "hartazgo" e "incomprensión" ante el "silencio" del Ministerio que dirige Llop, a quien afean que aún no les haya llamado para reanudar las conversaciones, que se vieron frustradas con el comité de huelga el pasado 24 de abril. "Llop, dimite o sal de tu escondite", han coreado también los manifestantes.
“Al Gobierno se le está agotando el tiempo“
En declaraciones a la prensa, el presidente del sector Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha asegurado que "al Gobierno se le está agotando el tiempo". A su juicio, "es indignante, es inaceptable y es inaudito que un Gobierno que se dice democrático no esté escuchando el grito unánime de 45.000 funcionarios".
Ese "grito" al que hace referencia reclama que se les "reconozcan las funciones" que "efectivamente" están realizando los funcionarios de la administración de justicia.
Preguntado por el endurecimiento de la huelga y las manifestaciones del colectivo, Jordán ha afirmado que no les han dejado "otra salida". "Los ciudadanos tienen que saber que si estamos de huelga es porque tenemos un Gobierno que no escucha, que solo ha pactado con los Letrados de la Administración de Justicia, con los jueces y con los fiscales, que son los que más ganan en la oficina judicial".
Los 46,7 millones de euros que el Ministerio ha desembolsado para los 8.000 jueces y fiscales representan casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 Letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que exigen los casi 45.000 funcionarios.
Consideran que es falso que la ministra quiera dialogar
Este cuerpo de la administración empezó su huelga indefinida con paros parciales de tres horas diarias el pasado 17 de abril. El 22 de mayo, ante la falta de respuesta del Ministerio, endurecieron la medida y pasaron a huelga indefinida con paros totales de 24 horas.
"Aquí estamos, seis semanas. ¿Y qué hacen? ¿Qué quieren? ¿Que muramos de inanición?", ha preguntado el portavoz de STAJ, Vicente Navarro.
“Es falso, como afirma, que esté ofreciendo diálogo y negociación“
Luis Calero, de CCOO, ha incidido en que desde el comité de huelga reclaman a la ministra una solución al conflicto. "Para ello tiene que dejar de mentir a la opinión pública. Es falso, como afirma, que esté ofreciendo diálogo y negociación". "Desde el 24 de abril no nos convoca a ninguna reunión. No ha puesto ninguna oferta sobre la mesa y eso está provocando la absoluta paralización de los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios judiciales de toda España", ha recalcado.
Así las cosas, Calero ha asegurado que parece que a Llop "no le importa está paralización de un servicio público esencial". Y ha avisado de que van a "aguantar" y a "resistir todo el tiempo que haga falta".
Al hilo, ha acusado a la ministra de estar "incurriendo en una grave irresponsabilidad". "Se niega a hacerle la misma oferta, o similar, a todos los cuerpos de funcionarios que le ha hecho ya a los cuerpos de letrados y judicial y fiscal", ha apuntado.
En este sentido, Antonio Navarro, de UGT, ha acusado a la ministra de "ni dar la cara ni dar la talla". "Este silencio hace daño a la ciudadanía", ha subrayado.
El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha trasladado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales.
Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.