Los funcionarios de la administración de Justicia han comenzado este lunes una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y salariales y han instado a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública a negociar tras más de un mes de movilizaciones puntuales que ha supuesto la suspensión de medio millón de juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales, después de que ambos ministerios alcanzaran un acuerdo, que firmarán este martes, con jueces y fiscales.
En una concentración este mediodía ante la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid a la que han acudido alrededor de un centenar de funcionarios, con el diálogo roto con el Gobierno desde el pasado 24 de abril, los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT han pedido a ambos ministerios que acaben con lo que consideran una "tomadura de pelo" y que se sienten a negociar una subida salarial y el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Alrededor de 45.000 funcionarios de la administración de Justicia están llamados desde este lunes a la huelga indefinida. Se trata en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y reclaman una propuesta económica "suficiente", en concreto piden entre 350 y 430 euros brutos más al mes para los funcionarios llamados a la huelga, y un "papel esencial en cualquier reforma de la administración de Justicia" como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
"Somos quienes hacemos el trabajo que otros cobran", asegura el comité de huelga, que pide "reconocimiento" y "respeto". Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT llaman ahora a la huelga indefinida a 45.000 funcionarios, que suponen el 93% de la plantilla de juzgados y tribunales, y lo hacen para aumentar su presión sobre el Gobierno.
Es el efecto dominó en la administración de Justicia, que empezó a finales de enero con las movilizaciones de los letrados judiciales y no ha dejado de derribar nuevas fichas desde entonces: jueces y fiscales, funcionarios, abogados y procuradores, en especial los del turno de oficio, y -los últimos en sumarse- personal laboral.
Acusaciones de "clasismo"
"Confiamos en que el Ministerio (de Justicia) sea democrático en el sentido estricto de la palabra (...). No es tolerable en absoluto que el Ministerio de Justicia dé un trato de favor a los cuerpos de élite de la administración de Justicia con unas negociaciones que son impropias de un Gobierno progresista", ha argumentado el representante de CC.OO., Javier Hernández, en la concentración en Madrid ante Hacienda en referencia al acuerdo con los letrados judiciales y al que se firmará este martes con jueces y fiscales.
Hernández, que ha tildado este comportamiento de "clasista", ha reiterado que los sindicatos solo suspenderán las movilizaciones si el Gobierno presenta una propuesta "sólida", que incluya la negociación de la LOEO, la especificación de sus funciones y una oferta económica que tenga "mucho que ver" con la de letrados, jueces y fiscales.
La reforma de la LOEO, indican, "es un recorte de puestos de trabajo, una reestructuración que va a dificultar la movilidad y la promoción profesional, y también un recorte de retribuciones". Por ello, como "corazón de la administración de Justicia", piden negociar su contenido antes de que se apruebe en la mesa del Congreso, "probablemente el mes que viene", pues consideran que no se adapta a la realidad de los juzgados.
"Se están suspendiendo juicios masivamente, se está retrasando la tramitación de los procedimientos masivamente; estamos hablando de miles -incluso de millones- de procedimientos paralizados y de miles de juicios suspendidos, y lo que menos nos interesa es causar ese daño a la ciudadanía", ha lamentado el coordinador de Justicia de CSIF en la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Ferreiro.
Entre acusaciones de "clasismo" al Ministerio de Justicia, los representantes sindicales consideran "insultante" que un Gobierno que se dice progresista y socialista trate de forma "desigual" a los trabajadores que menos cobran, tras haber alcanzado en marzo un acuerdo de subida retributiva de hasta 450 euros brutos al mes con los letrados de la administración de Justicia y haber hecho lo propio con jueces y fiscales, que firmarán este martes su pacto.
"Era 'de cajón' que el acuerdo con el comité de huelga de letrados cerraba en falso un conflicto en la administración de Justicia", resumen los sindicatos de funcionarios de juzgados y tribunales, que argumentan que no había "ninguna duda" de que, una vez resuelto aquel primer frente, el resto del personal de la oficina judicial iba a movilizarse también por sus reivindicaciones.
El martes comenzará también una serie de movilizaciones el personal laboral de la administración de Justicia, que exige "condiciones de trabajo dignas". En concreto, los trabajadores reprochan la externalización de servicios y abogan por la conversión de algunos puestos en plazas de funcionarios.
Una semana de movilizaciones
Además de la concentración de este lunes ante la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, el sindicato CSIF ha convocado movilizaciones en otras comunidades autónonas para protestar por la situación laboral de los funcionarios de justicia.
Unas 70 personas han escenificado este lunes, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, el funeral de la Justicia para reclamar "retribuciones justas" para los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia.
Funcionarios riojanos escenifican el 'entierro' de la Justicia en su primera jornada de huelga indefinida. Europa Press
Las movilizaciones convocadas por CSIF seguirán a lo largo de toda la semana: este martes con una concentración ante el Congreso de los Diputados, el miércoles con una Asamblea de trabajadores de Justicia en los Juzgados de Plaza de Castilla, y culminarán el jueves con una manifestación estatal a las 12:00 desde la sede del Ministerio de Justicia hasta el de Función Pública en la calle Santa Engracia.
Las concentraciones previstas durante la semana ante la sede del PSOE en Ferraz y ante el Ministerio de Justicia en San Bernardo se han suspendido por la campaña electoral. Los sindicatos consideran que se trata de una "excusa" para "restringir el derecho a manifestación" y de una "vulneración de derechos". Juan Carlos Ferreiro, coordinador del sector Justicia de la Comunidad de Madrid de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), ha asegurado este lunes en declaraciones recogidas por Europa Press: "Con la excusa del proceso electoral, se nos restringe al derecho a manifestación y nos limitan con que no podemos manifestarnos ante la sede del PSOE".
Además, el sindicato CC.OO, ha convocado huelga general los días 24 y 30 de mayo, 1, 6, 7 y 8 de junio, que se acompañarán de concentraciones en las sedes judiciales de todo el país.
Aquellos que pertenecen al turno de oficio han protagonizado protestas frente al Congreso de los Diputados y a la sede de la Comunidad de Madrid para reclamar mejoras salariales y laborales y para denunciar el "maltrato endémico" que sufren, con unos honorarios que consideran desactualizados.