El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia para exigir un incremento salarial ha provocado hasta el momento la suspensión y aplazamiento de unos 500.000 juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales, según han apuntado este jueves los sindicatos.
Este jueves se cumple la decimocuarta jornada de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia, que arrancaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, sin que por el momento el Ministerio que dirige Pilar Llop les haya recibido para negociar sus reclamaciones, según denuncian.
"A pesar del grave deterioro que esto ha causado en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93% de la plantilla", lamenta el sindicato CSIF, mayoritario en Justicia, en un comunicado.
Huelga a partir del lunes
Ante esta situación, las organizaciones integrantes del comité de huelga (CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia; STAJ, CCOO y UGT) han decidido abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos y avisan de que la huelga de los funcionarios será indefinida a partir del próximo lunes, 22 de mayo, día en el que inicialmente también jueces y fiscales están llamados a los paros si en la reunión que tienen este jueves con el Gobierno no llegan a un acuerdo.
"Lamentamos los perjuicios que está generando esta situación a los ciudadanos, pero el único responsable es el Gobierno -y en concreto la ministra de Justicia, Pilar Llop- que debe ofrecer ya una oferta económica a este colectivo", insisten desde CSIF.
Este mismo jueves, el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha señalado durante la concentración frente al Congreso que "es insultante" que el Ministerio de Justicia y el Gobierno "que se dice progresista y socialista" trate de manera "desigual" a los trabajadores de Justicia, "los que menos cobran", mientras hace ofertas económicas para los letrados de la Administración de Justicia y para los jueces y fiscales.
Al hilo, el comité de huelga se pregunta por qué el Ejecutivo no previó un "plan de contingencia para atender las reivindicaciones que, sin ninguna duda, se iban a plantear desde el resto del personal de la oficina judicial (jueces, fiscales y resto de funcionarios/as de Justicia)" tras el acuerdo con los letrados.
Más movilizaciones para incrementar la presión
Ante la falta de respuesta, que denuncian, los sindicatos han decidido incrementar la presión y las movilizaciones. Después de que este miércoles se concentraran a las puertas del Ministerio de Justicia, este jueves, los funcionarios lo han hecho frente al Congreso de los Diputados, y el próximo martes, 23 de mayo, habrá una gran protesta en Madrid delante de la sede del PSOE (C/ Ferraz, 70).
Además, el jueves 25 de mayo habrá una gran manifestación en Madrid que comenzará en el Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 45) y concluirá en la Secretaría de Estado de Función Pública (C/ Santa Engracia, 7).
Por otro lado, recuerdan que ya registraron en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le emplazaban a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y que permita negociar la redacción de los proyectos de ley que les afectan.
Las reivindicaciones de los funcionarios
Cabe recordar que los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Señala el sindicato que esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales y que permitirá elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Asimismo ligan esta subida a participar en la negociación del contenido de las leyes de eficiencia "que están llamadas a transformar la Administración de Justicia".
Según los sindicatos, el seguimiento de la huelga "supera el 85% de las plantillas y sigue creciendo cada día", mientras que el Ministerio cifró este miércoles -última jornada con datos- en el 19,97 % en las comunidades que no tienen transferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.