Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio de Pilar Llop han alcanzado este viernes un principio de acuerdo en el marco de las negociaciones para poner fin a la huelga indefinida de estos profesionales, que cumple ya dos meses. Ninguna de las dos partes ha anunciado detalles del contenido de dicho acuerdo, pero señalan que ha habido cesiones por ambos lados, según fuentes a RTVE.
En una nota, el Comité de Huelga señala que, después de una semana en que se retomaron las negociaciones y "tras un intenso debate", la Administración ha puesto sobre la mesa una propuesta de acuerdo que dicho comité "se compromete" a remitir a las asambleas de los LAJ para que la estudien.
El Comité y el Ministerio de Justicia se han emplazado a una nueva reunión el próximo martes 28 de marzo a las 11.00, por lo que ha convocado un día antes a las asambleas de letrados en toda España para la votación de la propuesta del Ministerio.
"Si los compañeros quieren, la huelga se resolverá la semana que viene"
"Si los compañeros así lo quieren, la huelga se resolverá la semana que viene", ha confirmado a Efe Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y miembro de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro en reivindicación de mejoras salariales que cumple ya dos meses y que ha provocado la suspensión de más de 360.000 juicios en toda España.
Tras varias negociaciones fallidas y acusaciones mutuas entre Justicia y los antiguos secretarios judiciales, esta semana se han retomado las negociaciones entre las partes, con la intervención también del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el diálogo.
Desde el miércoles, los huelguistas se han reunido diariamente con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
Las reivindicaciones de los letrados
La principal reclamación de los huelguistas, de la que han hecho su bandera durante estos dos meses, es la llamada cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se referenciaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha rechazado en varias ocasiones esta petición por no considerarla "viable" ni "realista", pues, según alega, supondría un aumento salarial mensual de "más de mil euros" por funcionario en unos sueldos de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.
Los últimos datos facilitados por el comité de huelga cifran el impacto del paro en más de 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, un escenario que no hará posible "recuperar la normalidad durante 2023".
Según Justicia, el 20,13% de los letrados ha secundado este viernes la huelga, mientras que los convocantes sitúan esta cifra en torno al 77%.