El cuerpo sin vida de una niña de cinco años ha sido encontrado este sábado en el mar frente a las costas de Steccato di Cutro, en la región de Calabria. La menor es la 74 víctima oficial del naufragio del pasado 26 de febrero en el sur de Italia.
La tragedia se produjo cuando la embarcación en la que viajaban unas 200 personas migrantes, en su mayoría afganas, iraníes, paquistaníes y sirias, se hundió a solo 150 metros de la playa de Cutro.
Con esta niña, son ya 30 los menores que han muerto en el naufragio. Hasta el momento se han contabilizado 80 supervivientes.
La Guardia Costera italiana ha rescatado a más de 1.400 migrantes en las últimas 24 horas en una nueva ola de llegadas de barcazas procedentes de las costas norteafricanas.
Italia se hará cargo de los costes de inhumación o traslado
La tragedia se suma a otras ocurridas en el Mediterráneo Central, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, y pone en cuestión la gestión en esta materia del Gobierno italiano, que unos días antes aprobó un decreto que reduce la capacidad de acción de las ONG dedicadas al rescate humanitario.
En mitad de la polémica, Italia ha asegurado que se hará cargo del coste de la inhumación o del traslado a otras localidades del país o del extranjero de las víctimas del naufragio después de las protestas de los familiares que querían dar sepultura a sus seres queridos en Afganistán, de donde son la mayoría de muertos.
Asimismo y de acuerdo con la región de Calabria, también se ha dispuesto el hospedaje en hoteles para unos 80 familiares de las víctimas. Los supervivientes, que en un primer momento fueron alojados en el centro de acogida de Crotone, podrán ir igualmente a los hoteles.
Una embarcación con 500 personas migrantes a bordo rescatados en Calabria, Italia FOTO: EFE/GIUSEPPE PIPITA
Penas más duras
Mientras continúan las investigaciones sobre la responsabilidad del naufragio, este jueves el Gobierno italiano aprobó un decreto ley que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo.
El decreto introduce una nueva tipología de delito, el de "muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos" y prevé penas de hasta 30 años de cárcel, según explicó en rueda de prensa la primera ministra, Giorgia Meloni, tras el Consejo de Ministros, celebrado en la localidad de Cutro.
Tras el desastre del 26 de febrero se detuvo a tres supuestos traficantes que trabajan para las organizaciones criminales que se lucran con estos peligrosos viajes a Europa.
Más de 1.400 migrantes en 24 horas
La llegada de migrantes a las costas italianas es continua. La Guardia Costera ha rescatado a más de 1.400 migrantes en las últimas horas, que totalizan más de 4.000 en cuatro días.
Un barco que transportaba 487 inmigrantes, la mayoría hombres procedentes de Afganistán, fue auxiliado durante la noche frente a la costa de Calabria por la Guardia Costera y atracó en el puerto de Crotone, mientras que al puerto de Reggio Calabria durante el día también llegó la patrullera Dattilo con otras 584 personas rescatadas durante la madrugada.
Y 379 más fueron rescatadas por otras dos lanchas patrulleras de la Guardia Costera y luego trasladadas a bordo del buque Sirio de la Marina que se dirige al puerto siciliano de Augusta, informaron en un comunicado.
Particularmente preocupante es la situación en la isla de Lampedusa, a pocas millas de las costas norteafricanas, y donde se hacinan cerca de 2.700 migrantes en el pequeño centro de acogida con una capacidad para unas 300 personas y sólo en los próximos días se podrán trasladar a algunos de ellos.
En Cutro cerca de 5.000 personas, entre ellas muchos representantes de asociaciones humanitarias, se manifestaron bajo el lema "Parad la masacre de inmediato" para protestar por las muertes de migrantes.
Ante este escenario, el Gobierno italiano, que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobó un decreto ley que aumentará las penas a los considerados "traficantes", los encargados de conducir las barcazas a las órdenes de las organizaciones criminales de tierra.
De ser capturados ahora, podrán ser condenados hasta a 30 años de prisión, mientras que antes la sanción era de un máximo de cinco años.