Otra tragedia en el Mediterráneo, esta vez a apenas unos 150 metros de la costa calabresa, ha vuelto a sacudir las conciencias en Italia. Más de 60 personas han muerto y se estima que podrían ser un centenar, al naufragar en la madrugada del domingo una precaria embarcación procedente de Turquía en la que viajaban unos 180 migrantes.
El naufragio llega apenas cuatro días después de que el Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobara un decreto que dificulta la actividad de las organizaciones de rescate humanitario. La única que operaba estos días en la zona, el GeoBarents, de Médicos Sin Fronteras, lleva inmovilizada legalmente desde el pasado 23 de febrero, un día después de la aprobación del decreto.
"Es un bloqueo ilegítimo, al que contestaremos legalmente. No estamos operativos cuando los migrantes siguen saliendo y embarcándose en esta travesía peligrosa", asegura Juan Matías Gil, jefe de la misión de MSF de búsqueda y rescate en mar. Los migrantes "continuarán muriendo porque no hay mecanismos de socorro", ha señalado durante una rueda de prensa en línea desde Italia.
Una zona en aguas territoriales italianas donde no trabajan las ONG
Los responsables de esta ONG y otras que operan o han operado en el Mediterráneo Central, la ruta migratoria más mortífera del mundo, denuncian que Roma está obstaculizando su labor de rescate, una labor que no se suple con las embarcaciones de sus fuerzas policiales y militares.
Precisamente, la barca naufragada había sido avistada por un avión de Frontex y por la Guardia de Finanza en la tarde del domingo, pero no pudieron socorrerla por la mala mar. Si en su lugar hubiera actuado la Guardia Costera, con medios más preparados en estas circunstancias, se podría haber evitado el desastre, apuntan desde MSF.
En la zona donde tuvo lugar el naufragio, el litoral de Calabria bañado por el Mar Jónico, no suelen actuar las ONG, centradas en el área que separa Libia de Sicilia y el sur de Italia, donde se concentran las muertes.
Además, la tragedia ha ocurrido en aguas territoriales italianas, donde estas organizaciones no pueden entrar sin autorización expresa de las autoridades de dicho país. "Es muy raro que actuemos en esta área, nosotros operamos en las aguas internacionales al norte de Libia", explica a RTVE.es Laurence Bondard, de SOS Mediterranée, organización a cargo del barco humanitario Ocean Viking.
Tragedia en el mediterráneo: Al menos 62 personas han fallecido tras el naufragio de una embarcación
Multas de hasta 50.000 euros para las ONG
Desde que Meloni llegó al poder el pasado octubre, las ONG que habían rescatado a migrantes en riesgo de naufragar en alta mar vieron cómo el Gobierno designaba de forma más rápida un puerto de desembarque, algo que llevaban años reclamando. El problema es que estos puertos están en el norte del país, "muy lejos" de las zonas de rescate, explica Bondard,
En lugar de permitir su llegada a puertos de Sicilia o del sur de la bota, como solían hacer, las autoridades están obligando a desplazar los barcos hasta puertos septentrionales como el de Carrara, Rávena o Ancona, para lo que se necesita hasta cuatro días más de navegación.
"Esta práctica es problemática para los supervivientes, porque cuando están a bordo son extremadamente vulnerables. Están exhaustos, deshidratados y confusos", asegura esta portavoz de SOS Mediterranée. Señala además que estas órdenes contravienen la ley marítima, que especifica que aquellas personas rescatadas en el mar deben ser llevadas a un puerto cercano lo más rápido posible.
A esta controvertida medida se suma el llamado decreto Piantedosi, por el apellido del ministro de Interior que lo ha impulsado, de la Liga de Salvini. Prevé requisitos más estrictos para permitir actuar a las ONG, como que pregunten a los migrantes si son solicitantes de asilo o no, y si incumplen estos requisitos, se enfrentan a multas de entre 10.000 y 50.000 euros y bloqueos administrativos, como le ha ocurrido a la nave GeoBarents.
La nueva ley busca, según el Gobierno, acabar con los traficantes de personas, aunque para las organizaciones se trata de un nuevo intento de "criminalización" de su labor, según la ONG francesa. Esta política "no es nueva, pero ha continuado muy activamente con Meloni", señala la portavoz.
17.000 muertos: la tragedia constante de la ruta migratoria más letal
Aunque esta tragedia ha sido especialmente sonada por su magnitud y por haberse producido a solo decenas de metros de la costa, no es la única que ha tenido lugar en el Mediterráneo recientemente. En 2022 murieron o desaparecieron 2.400 personas en este mar, mientras que en los últimos ocho años son casi 26.000 los muertos o desaparecidos, según la Organización Internacional de las Migraciones.
La ruta del Mediterráneo Central, que conecta el Norte de África con Italia y Malta, concentra el 80% de estas muertes y desapariciones: 17.000 desde 2014 y 1.400 el año pasado. Para hacer frente a esta tragedia constante, en la zona hay habitualmente desplegadas varias naves humanitarias: el Ocean Viking, el Aita Mari de la española Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) o las dos de la también española Open Arms, uno del mismo nombre y el Astral, entre otras.
Todas ellas, por distintos motivos, no están en alta mar en la actualidad. Mientras que GeoBarents está bloqueada durante 20 días, otras se encuentran en puerto tras haber desembarcado a las decenas de migrantes que habían rescatado en operaciones anteriores.
Para MSF, la fragilidad de esta situación prueba la necesidad de corredores humanitarios legales y seguros que permitan que los migrantes no se vean obligados a lanzarse al mar en esta ruta tan peligrosa. "Para impedir todo esto la estrategia más importante es construir mecanismos de acceso regular, es la única solución verdadera a las tragedias en el mar, ya que el negocio de los traficantes se nutre de la ausencia de estos canales", asegura Marco Bertotto, director de programas de la organización en Italia.
También es necesaria, añaden, una fuerza conjunta que coordine la labor de las autoridades italianas y las ONG, a semejanza de la operación Mare Nostrum, que estuvo en vigor entre 2013 y 2014, tras el naufragio de Lampedusa. "Si se pusieran medios, y se activara un mecanismo de búsqueda proactiva, se reducirían muchísimo estos incidentes y no estaríamos hablando recurrentemente de estas tragedias", señala por su parte Gil.
Preocupación por la nueva ruta Turquía-Italia
Este naufragio preocupa también a las ONG porque muestra una mayor actividad en una ruta aún más peligrosa que la del Mediterráneo Central, una que parte de la costa turca y que requiere de un viaje de cuatro días, como ha sido el caso.
En Médicos sin Fronteras creen que "en unas semanas podremos ver nuevos fenómenos conectados a los efectos del terremoto", con la llegada de más refugiados sirios. También cree Bertotto que "el aumento en esta ruta se puede relacionar con el empeoramiento de situación en Afganistán y Pakistán".
Entre los que viajaban en la barca siniestrada había iraquíes, iraníes, afganos y sirios. Casi 180 personas que se jugaron la vida recorriendo distancias de cientos de kilómetros hasta la ciudad turca de Esmirna, de donde salieron, y de los cuales decenas de ellos se quedaron a apenas unos metros del territorio europeo al que ansiaban llegar.