El Gobierno ha enviado este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de "aprobar o aplicar" alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras el anuncio del Ejecutivo autonómico en relación a un protocolo "antiabortista".
Castilla y León ha respondido al Gobierno que el protocolo no limita los derechos de las embarazadas y ha defendido su autonomía. Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Gobierno de España de mentir y ha recalcado que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios". El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, (Vox) ha asegurado, por su parte, que en el Gobierno "temen que las madres tengan más información" y que no se darán pasos atrás.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León informó a última hora del viernes que las nuevas medidas antiabortistas en la región, anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), entrarán en funcionamiento este lunes.
Entre estas medidas "provida" se encuentra el ofrecimiento de realizar una ecografía en 4D, escuchar el latido del feto o reforzar la atención psicológica de las mujeres embarazadas, con derivaciones a salud mental en determinados casos, aunque el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió el sábado en la voluntariedad de las mismas y negó que tuvieran un objetivo antiabortista.
El Gobierno pide el "cese inmediato" del protocolo
Según el comunicado hecho público este domingo por Moncloa, el Ejecutivo "utilizará todos los mecanismos" del ordenamiento jurídico "para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".
El texto añade que el Gobierno "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna". El Gobierno español ha informado de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, y establecer las medidas pertinentes.
En el requerimento, el Ministerio de Sanidad solicita al Gobierno de Castilla y León, en caso de las medidas ya hayan sido adoptadas, el "cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación" que pueda suponer "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario" con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.
No descarta acciones jurídicas
El Gobierno exige, además, que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas" y que se comunique al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
Mañueco matiza las medidas antiaborto anunciadas por Vox en Castilla y León
En caso de que este requerimiento no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por parte de la Junta, el Gobierno "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".
Finalmente, el Ejecutivo estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".
La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.
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Díaz y Montero: "Trabajaremos para garantizar el aborto libre y gratuito"
Tras el envío del requerimiento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado en un tuit que el Gobierno de coalición del que forma parte "tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables".
"Llevaremos a cabo todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL que va contra el derecho al aborto. Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito", ha añadido en el mensaje en su cuenta en la red social.
También en un mensaje de Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado el requerimiento del Ejecutivo "para defender el derecho al aborto". "No dudaremos en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Aborto seguro, libre y gratuito para todas", concluye el tuit.