La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha informado a última hora de este viernes que las nuevas medidas antiabortistas en la región, anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), entrarán en funcionamiento este lunes 16 de enero. Horas antes, García-Gallardo había precisado que se aplicarían de manera "inmediata", pero sin precisar la fecha.
Entre estas medidas se encuentra el ofrecimiento de realizar una ecografía en 4D, escuchar el latido del feto o reforzar la atención psicológica de las mujeres embarazadas, con derivaciones a salud mental en determinados casos. Según fuentes del departamento sanitario, se instará así a los médicos a que atiendan a las nuevas instrucciones marcadas desde la Consejería y enmarcadas dentro del pacto de Gobierno PP y Vox en la Comunidad.
El presidente de esta comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este sábado la "voluntariedad" de estas medidas y ha negado que tengan un objetivo antiabortista. "Niego la mayor, estas medidas no van de eso, van del fomento a la natalidad y la mujer que lo solicite si está embarazada lo podrá escuchar", ha afirmado Mañueco a su llegada al acto en el que el Partido Popular presenta en Zaragoza a sus candidatos a las elecciones autonómicas de mayo.
El presidente de Castilla y León ha corregido así a su vicepresidente y ha recalcado que con el nuevo protocolo las mujeres tendrán que solicitar escuchar el latido y además se deberá aplicar el criterio médico porque "por debajo de semana número 12 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no lo recomienda".
Mañueco ha evitado responder a si García-Gallardo, al hablar en términos de políticas provida, engaña o no: "No soy quien tiene que analizar palabras ni intencionalidad. Lo que digo es lo que hay (...) los hechos son estos: libertad absoluta de la mujer para elegir, respeto absoluto a sus derechos, respeto absoluto a los derechos de los sanitarios".
"Lo que queremos es agilizar la prestación de servicios a las mujeres embarazadas que lo soliciten", ha recalcado Mañueco, que ha insistido en que el protocolo de Castilla y León respetará la ley y los derechos de los profesionales sanitarios, cuyo criterio se impondrá en todo momento.
El protocolo ha generado un desencuentro entre Partido Popular y Vox, ya que mientras García-Gallardo aseguraba que se aplicarían "inmediatamente" y que estaban consensuadas con su socio de gobierno, desde el PP se sostenía que no respaldaban la propuesta de su socio de gobierno. Las medidas también han contado con el rechazo del Gobierno, el PSOE y asociaciones feministas, que lo han tachado de coacción al derecho de la mujer a decidir interrumpir voluntariamente con su embarazo.
Polémica por la medida
En un principio, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el PP, dejó claro el viernes a las pocas horas del anuncio que no cambiará el protocolo que existe actualmente sobre aborto, según indicaron fuentes de la Consejería a Efe, añadiendo que los protocolos seguirían "igual". Sería el criterio médico el que determine si se realiza las medidas por alguna anomalía en la gestación.
En cambio, durante la jornada fue el propio consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien aseguró que únicamente existen unas "pequeñas matizaciones" de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto. Vázquez detalló que sí habrá "algunos cambios" en los procedimientos, a la vez que manifestó que cree que no dijeron "nada significativamente diferente" los representantes de PP y Vox.
Otras voces como el portavoz del Comité de Campaña de los 'populares', Borja Sémper, advertían por la mañana en declaraciones a Antena 3 de que en su partido no estaban dispuestos "a tragar con cualquier cosa", por lo que expresará su rechazo con las medidas con las que no está de acuerdo y que se quieran "imponer".
Así lo confirmaban también a TVE fuentes de la dirección nacional del PP que aseguraban que el protocolo ni lo compartían "ni se va a llevar a cabo".
Gobierno y PSOE califican el protocolo de "coacción" a la mujeres
Por su parte, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, y a la que acudieron el viernes todos los ministros socialistas, mostraron su rechazo al nuevo protocolo. Además, aprobaron una declaración conjunta con el PSOE de Castilla y León en la que advierten de que las medidas "destinadas a restringir" la interrupción voluntaria del embarazo "pueden suponer la institucionalización en la sanidad pública de medias que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos".
Tras ello, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, avanzó también que su partido ejercerá acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.