La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación ha entrado en vigor este jueves, redefiniendo las conductas castigadas y dibujando un nuevo marco de penas que obligará a revisar cientos de casos en distintos juzgados y tribunales, entre ellos, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a algunos de los líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán de 2017.
Tras su aprobación definitiva el pasado 22 de diciembre después de una cuestionada tramitación "exprés", la Ley Orgánica 14/2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de diciembre indicando que entraría en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, este 12 de enero.
La nueva norma deriva de una proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos que se tramitó en apenas seis semanas para eliminar la sedición y reformar la malversación, aunque también se incluyeron otras medidas, como el agravamiento de condena por ocultación de cadáver.
Los cambios que introduce
Pero el principal cambio es que con esta reforma, el delito de sedición se elimina y pasa a ser uno de "desórdenes públicos agravados", reduciéndose la condena de 15 a 5 años de cárcel, y con 8 años máximo de inhabilitación, y se modifica también el delito de malversación, que verá reducidas algunas penas en casos como cuando no se acredite un ánimo de lucro, donde se prevé un máximo de 4 años de cárcel.
No obstante, en su tipo básico establece que "serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares".
El castigo se agrava -con esos entre 3 y 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación- cuando los hechos descritos "se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".
Revisión de la sentencia del 'procés'
Una de las consecuencias será la revisión de la condena que el Tribunal Supremo dictó contra varios miembros del Govern catalán por el 'procés', entre ellos al exvicepresidente Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación y que, como el resto, fue indultado parcialmente por el Gobierno.
Conforme al artículo 2.2 del Código Penal, deberá aplicarse la ley más favorable al reo, por lo que según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el Tribunal Supremo prevé pedir esta misma semana a las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y a las defensas que informen sobre cómo creen que afecta la reforma penal a la sentencia.
Las defensas creen que la reforma abre la vía de la absolución, convencidos de que los hechos probados no encajan ni en los nuevos desórdenes públicos, ni tampoco en la malversación al defender que nunca se causó un perjuicio al erario público.
Al margen de los condenados, la reforma también traerá previsiblemente cambios para los políticos huidos, con el expresidente catalán Carles Puigdemont a la cabeza.
El juez Pablo Llarena, instructor de la causa, tendrá que adaptar el auto de procesamiento de los políticos que se fugaron -Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira- al nuevo Código Penal y, en consecuencia, dictar nuevas órdenes de detención contra ellos, salvo en el caso de Rovira, huida en Suiza y contra quien no pesa ninguna, señalan las fuentes.
Y más allá del 'procés', otras causas de corrupción pueden verse afectadas por las rebajas en las penas de malversación. La Fiscalía prepara ya una instrucción con el objetivo de fijar un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación y en tribunales como la Audiencia Nacional ya le han requerido que revise su escrito relativo al caso Acuamed en función de la reforma.