La Fiscalía ha emitido un decreto de archivo de las diligencias de investigación de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en la que murieron al menos 23 personas, al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En su decreto, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, acuerda dar traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil los hechos relativos a la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.
Además, la actuación de los migrantes, entre 700 y 800, fue en todo momento "hostil y violenta" hacia los agentes españoles y marroquíes, según la fiscal, que avala las 470 devoluciones en la frontera que se realizaron, en las que según aseguraba el Defensor del Pueblo en su informe no se respetaron "las garantías legales nacionales e internacionales".
La fiscal considera que esos rechazos en la frontera se hicieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española".
No hubo omisión del socorro
Sobre la posibilidad de que los agentes hubieran incurrido en un delito de omisión del socorro, la fiscal señala que no tenían conocimiento de la avalancha "por lo que en ningún momento pudieron representarse la posibilidad de que hubiera personas en situación de riesgo que requirieran de su auxilio".
Tampoco ve delito en la tripulación del helicóptero porque no fueron consciente de la situación de "colapso" por lo que no dieron la voz de alarma a los agentes de tierra. "Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos. Además, en los momentos posteriores a la avalancha, al dejar de enfocar la zona (...), no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos y fallecidos", añade.
Y suma a esto que, aunque hubieran tenido conocimiento de la gravedad de los hechos" no les hubieran podido prestar auxilio sin riesgo propio, pues para entrar hasta el lugar donde había tenido lugar el tumulto debían realizar un recorrido relativamente importante a lo largo del cual se hallaban numerosos migrantes lanzando objetos contundentes".
Pide al Gobierno medidas para garantizar el asilo
A pesar de cerrar la investigación, la fiscal recuerda a los Ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan "posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas", y en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, para asegurar que "aquellos que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla puedan optar previamente por acudir al sistema legalalmente establecido".
"Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", advierte la fiscal en su escrito.
En sus diligencias de investigación que comenzaron el pasado 28 de junio, la Fiscal Coordinadora de Extranjería ha practicado varias diligencias como la inspección ocular, la toma de declaración a personas migrantes y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los hechos del 24 de junio.