Una decisión del Tribunal Constitucional, que llegó el lunes a las 22:30, tras diez horas de reunión, ha desatado una crisis institucional sin precedentes. La reforma impulsada por el Gobierno para cambiar los criterios de elección de los miembros de este órgano y del Poder Judicial, y así acabar con un bloqueo de años, se verá frenada en su trámite parlamentario, algo que no había ocurrido nunca en democracia.
Precisamente por esta falta de precedentes, el escenario que se abre ahora es de incertidumbre, y ninguno de los actores de esta crisis han aclarado qué dirección tomarán sus acciones en las próximas semanas.
¿Qué ha decidido el Constitucional?
El órgano ha aceptado, por seis votos a cinco, un recurso del PP contra dos enmiendas de los partidos del Gobierno a una ley en trámite, en las que modificaban el sistema de elección de los candidatos al Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial. PSOE y Unidas Podemos proponían, en la primera enmienda, cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, y en la segunda, permitir al Ejecutivo y al CGPJ nombrar a sus candidatos al TC sin esperar a la otra parte, como ocurre ahora, y eliminar el examen de idoneidad que debían superar estos candidatos.
El PP había interpuesto un recurso de amparo al considerar que se vulneraba el derecho, recogido en el artículo 23.1 de la Constitución, de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes. Argumentaban que sus diputados no habían podido valorar correctamente la reforma, ya que la ley se estaba tramitando por la vía rápida, sin los informes preceptivos de los órganos consultivos, y como enmienda a una reforma de otra ley distinta, la que iba a eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación.
¿Qué argumentan progresistas y conservadores?
El dictamen del Constitucional se ha aprobado gracias a la mayoría conservadora. Los seis miembros de este bloque han considerado que la tramitación parlamentaria causa un "daño de difícil reparación" a los derechos de los legisladores del PP, que invocaban el arículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Para los progresistas, que presentarán votos particulares, "no había lugar a tomar esa medida en este momento". El momento para aplicar medidas cautelarísimas para suspender la tramitación parlamentaria "ya había pasado", ya que este trámite había superado su paso por el Congreso e iba a ir al Senado. "Ahora no vas a impedir una votación en el Senado por un acto que supuestamente habría lesionado el Congreso", ha señalado en TVE María Luisa Balaguer, una de las magistradas progresistas que ha votado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional.
¿Qué supone esa decisión?
El auto del Constitucional aplica medidas cautelarísimas y paraliza el trámite parlamentario, que ya superó el paso por el Congreso la semana pasada, y que el jueves tenía previsto ser aprobado definitivamente en el Senado. Considera que la forma en la que estas enmiendas estaban siendo tramitadas vulneraban los derechos de los diputados 'populares', pero no entra en el fondo de la reforma.
¿Qué repercusiones tendría la reforma del Gobierno?
Las enmiendas hubieran forzado una renovación del Constitucional, donde, desde el pasado junio, cuatro de sus miembros tienen el mandato caducado. Dos de ellos, el presidente, Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, son conservadores y fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Otro dos, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, son progresistas y su renovación corresponde al CGPJ.
Para sustituir a los dos conservadores, que llevan en su puesto nueve años, el Ejecutivo había propuesto a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, antiguo alto cargo de Moncloa con Sánchez al frente. De este modo, la renovación del órgano hubiera inclinado la balanza en favor de los progresistas. El Constitucional tendrá que decidir en los próximos meses y años sobre algunas de las leyes estrella de esta legislatura, como la reforma laboral o la ley del aborto, por lo que para el Gobierno es clave quién ostenta la mayoría.
¿Qué va a hacer el Gobierno?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que acatará el fallo del Constitucional, y ha avanzado que tomará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo de este órgano y del CGPJ. Según fuentes consultadas por RTVE, el Gobierno registrará en el Congreso una proposición de ley conjunta para sacar adelante la reforma paralizada. El objetivo es presentarla "lo antes posible" y, de acuerdo con las mismas fuentes, el cambio de mayorías para renovar el CGPJ no estaría incluido.
Sobre la mesa tiene otra opción para sacar adelante esta reforma, un proyecto de ley orgánica que partiera del propio Gobierno.
¿Qué dice la oposición?
El PP, el principal partido de la oposición y el impulsor del recurso que ha paralizado la tramitación legal, ha defendido que la decisión del Constitucional no "hurta" el poder del Parlamento, sino que lo garantiza, al propiciar que la reforma se lleve a cabo por un trámite ordinario.
El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se ha propuesto como "aliado" al Gobierno para desbloquear la justicia, y lo ha hecho a cambio de que Sánchez renuncie a la modificación del Código Penal sobre sedición y malversación, de que apruebe una nueva ley orgánica de Poder Judicial para cambiar el sistema de elección del CGPJ y de que tipifique como delito el referéndum ilegal.
¿Qué va a hacer el Senado?
La Cámara Alta seguirá adelante con la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación, aunque sin incluir en ella las dos enmiendas sobre el Constitucional y el CGPJ. La Comisión de Justicia del Senado ha dado luz verde a esta tramitación tras conocer la decisión del Constitucional y ha rechazado los cinco vetos presentados, de PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN, por lo que previsiblemente la reforma será aprobada y podrá entrar en vigor tras su publicación en el BOE.
El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la decisión del TC no es suficiente y ha anunciado una querella ante el Tribunal Supremo contra Sánchez por "conspiración para delinquir". Además, continúa buscando un candidato "neutral" para la moción de censura que ha propuesto contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, los socios de Sánchez, ERC, PNV y Bildu, han pedido una acción conjunta para revertir la decisión del TC, al considerar que se ha producido un "atropello" a la democracia y una injerencia en la división de poderes.
¿Tiene precedentes en España?
No hay precedentes de una suspensión de una tramitación en curso en las Cortes Generales, pero el Constitucional sí que ha paralizado votaciones en un parlamento autonómico, el de Cataluña. Lo hizo el 5 de octubre de 2017, cuando ordenó frenar el pleno del Parlament que iba a declarar la independencia.
¿Qué papel tiene el CGPJ?
El Consejo General del Poder Judicial ha celebrado este martes un pleno extraordinario para votar a los dos candidatos que le corresponde designar para el Constitucional, una reunión reclamada de urgencia por la mayoría de vocales conservadores ante la previsión de que se iba a aprobar la reforma del Gobierno. En el orden del día del pleno, solo constaban como candidatos los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y Pablo Lucas, los dos lanzados por el bloque conservador.
Tras la votación, el CGPJ sigue sin llegar a un acuerdo, ya que ninguno de los candidatos propuestos por los vocales del CGPJ ha obtenido la mayoría de tres quintos (11 votos) necesarios para ser designado magistrado del Supremo.
Frente a las prisas de los vocales conservadores, sus pares progresistas, que hasta la reforma propuesta urgían a proceder con los dos nombramientos al TC, abogaban ahora por esperar no solo al Pleno ordinario del 22 de diciembre en el CGPJ, sino incluso a que las Cortes Generales aprobaran el cambio de sistema para votar ya con las nuevas reglas.