El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este martes que el Ejecutivo tomará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional (TC) y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que ha culpado al PP. En su opinión, la decisión del órgano de garantías de paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal "no tiene precedentes", ni en la historia de la democracia española ni el resto de países europeos.
"Se trata de un hecho grave (...) porque por primera vez se impide a los representantes legítimos, elegidos democráticamente con su voto, que realicen su función de representación de la voluntad popular, de debate y de legislación", ha dicho Sánchez en una declaración a los medios sin preguntas, en la que ha insistido en el mensaje compartido por otros miembros del Gobierno: acatarán la decisión, pero no la comparten.
La reacción del jefe del Ejecutivo llega después de unas horas de vértigo. A última hora de este lunes, el Tribunal Constitucional decidió paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, por las que se modifica el sistema de elección de los candidatos al tribunal de garantías que debe nombrar el CGPJ, aprobadas por el Congreso la pasada semana y pendientes de votarse en el Senado este jueves.
La atención se situaba entonces en la Cámara Alta, que debía decidir cómo actuar ante la orden del Constitucional y que este martes, tras una reunión extraordinaria de la Mesa, ha decidido continuar con la tramitación de la reforma, aunque sin incluir las citadas enmiendas. El órgano de gobierno del Senado ha acordado asimismo personarse en el procedimiento abierto en el Constitucional, algo que también ha decretado el Congreso. No obstante, la decisión no ha sido unánime, ya que el PP ha votado en contra.
Sánchez acusa al PP de retener "por medios espurios" el TC
En palabras de Sánchez, esta situación "inédita" tiene su origen "en la decisión que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional". Sánchez se ha referido así al bloqueo que se remonta a diciembre de 2018 en el caso del CGPJ y al mes de junio de este año para el Constitucional, que en su opinión tiene "como único propósito" mantener "una composición anterior y más favorable para su orientación".
En este punto, ha acusado al PP de querer "retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas", haciéndolo a su juicio "con distintos pretextos y excusas". "Ello ha dado lugar a una situación que se ha ido agravando a lo largo de los meses, a lo largo de los años, hasta desembocar en la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional", ha dicho.
En las últimas horas, distintos miembros del Gobierno han coincidido en que la paralización de la votación es un asunto "de máxima gravedad" y han acusado al Tribunal Constitucional de "detener la acción legislativa". La última en pronunciarse ha sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha querido lanzar un mensaje de normalidad: "El gobierno trabaja con absoluta normalidad y con ganas de seguir avanzando en el futuro de nuestro país", ha dicho. No obstante, ha asegurado que el Gobierno va a estudiar la resolución del TC y, en la línea de Sánchez, para "el estricto cumplimiento de la ley y que se cumpla la voluntad popular".
"Esto sucede cuando no se respeta la democracia, cuando uno no tiene la mayoría y no acepta el resultado en las urnas. Y mientras ellos están en esta acción, mientras Feijóo trabaja para que no se vote en el Parlamento, el Gobierno trabaja para que esta tarde el Senado apruebe los terceros Presupuestos en esta legislatura", ha añadido.
Por contra, el PP ve como un "triunfo" la decisión y ha reclamado al presidente del Gobierno que "renuncie a reformar el Código Penal a toda prisa y sin los informes pertinentes", y también que "renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad". De lo contrario, "la otra salida es la celebración de elecciones", ha advertido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno acatará la decisión, aunque no la comparte
Pese a no estar de acuerdo con la decisión, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que acatarán la decisión consensuada por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional y que también adoptará, conforme a la ley y a la Constitución, "cuantas medidas sean precisas" para poner fin "al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional". "Y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019", ha insistido.
En este contexto, Sánchez ha asegurado que comprende "la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular" y también "la preocupación de la ciudadanía que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito".
A todos ellos, ha querido trasladarles un mensaje de tranquilidad, pues "España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza", entre ellos, la Constitución. Y en ello, ha dicho, trabajará el Gobierno.
"En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza: serenidad en el estricto cumplimiento de la ley y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones. La democracia requiere respeto a la ley, respeto a la voluntad popular de la que deriva la legitimidad de todos los poderes y, por eso, quiero asegurarles que el Gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución y el absoluto respeto de la voluntad popular y, en consecuencia, del mandato constitucional", ha concluido.
Entretanto, el CGPJ celebrará este martes un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional. Por ahora, solo constan como candidatos los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y Pablo Lucas, los dos lanzados por el bloque conservador, aunque hasta el mismo inicio del Pleno podrán sumarse más nombres. El sector progresista ya nominó el pasado 3 de noviembre al también magistrado del TS José Manuel Bandrés.