La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernándezde Kirchner, ha sido condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
No obstante, es poco probable que cumpla condena pronto, ya que goza de inmunidad por sus cargos en el Gobierno. Además, la vicepresidenta puede recurrir la sentencia y el proceso podría durar años.
Fernández de Kirchner siempre ha mantenido que todo el caso son "mentiras y difamaciones" del fiscal y que todo es fruto de una persecución política y judicial ideada por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.
El juicio que desde mayo de 2019 ha sentado por primera vez en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) es el séptimo contra un ex jefe de Estado argentino en la actual democracia: antes estuvieron en el banquillo Menem, en 5 ocasiones, y Fernando De la Rúa (1999-2001), una, en la que fue absuelto.
Un día antes de conocerse la sentencia, el presidente argentino, Alberto Fernández, pidió investigar una presunta trama de cohecho contra jueces, empresarios y medios de comunicación.
Este lunes, a través de la cadena nacional, Fernández solicitó que la Justicia investigue un viaje en avión privado a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia argentina. En ese viaje, supuestamente concretado el 13 de octubre pasado, participaron jueces, fiscales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
El fiscal pedía 12 años
El pasado agosto, un fiscal pidió que se condenara a Cristina Fernández a 12 años de prisión al considerarla la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado.
Desde el Gobierno de Argentina siempre negaron las acusaciones y tildaron el proceso de "persecución judicial" a la vicepresidenta del país.