El Congreso de los Diputados ha aceptado la toma en consideración de la propuesta de ley del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición en el Código Penal, después de un bronco debate que se ha alargado hasta la madrugada de este vierness y en el que la iniciativa ha recibido duras críticas de partidos como PP, Vox y Ciudadanos por ser considerada una cesión "al chantaje del independentismo".
Al filo de la una de la madrugada y tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales, la cámara baja ha dado el primer visto bueno con 187 'síes', 155 'noes' y seis abstenciones. Ahora, el siguiente paso será abrir un plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones.
Esta proposición busca sustituir el delito de sedición, que impone una condena de entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación, por el de "desórdenes públicos agravados", que contaría con un máximo de ocho años de inhabilitación para cargo público. Asimismo, incluye la trasposición de varias directivas europeas y un agravamiento de penas por ocultación de cadáver.
Está siendo objeto de una tramitación exprés que reduce los plazos a la mitad con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año. Por otro lado, al haberse optado por una proposición de ley en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que también ha acortado el proceso.
PSOE y UP defienden la reforma en favor de "la convivencia en Cataluña"
La modificación del delito de sedición, por el que fueron condenados nueve líderes del 'procés', cuenta con el fuerte rechazo de la oposición, especialmente del PP. Convertida en una línea roja insalvable por los 'populares', la reforma terminó por dinamitar el mes pasado la negociación con el PSOE para renovar el CGPJ, en funciones desde hace cuatro años.
Si bien ambas partes habían desligado esta reforma del pacto sobre el Consejo, el PP decidió suspender las conversaciones al considerarla una "incongruencia insalvable" y afirmar que los socialistas habían cambiado su posición. Frente a esto, el PSOE defiende que la reforma del Código Penal ya estaba incluida en su hoja de ruta y afirman que el principal partido de la oposición ha utilizado una "nueva excusa" para bloquear la renovación.
Durante el debate en la cámara, el PSOE y Unidas Podemos han defendido la proposición como un modo de equiparar un Código Penal "decimonónico" y desactualizado al ordenamiento judicial de otros países vecinos, pero sobre todo para apostar por "la convivencia y el diálogo" en una Cataluña "que quiere pasar página".
"Hacemos un ejercicio constante diario de valentía política, una apuesta honesta y decidida por la convivencia. ¿Cuál es su propuesta política, más allá del nulo interés por resolver los problemas?", ha preguntado a la bancada del PP el diputado del PSC Francisco Aranda Vargas. "Nunca hubo más independentismo que con Rajoy", ha aseverado el socialista, que ha reivindicado que con el Gobierno "se ha rebajado la tensión política y social".
"Los socialistas nos enfrentamos a los problemas de cara y hacemos política para buscar soluciones desde el diálogo y desde la búsqueda del entendimiento entre diferentes", ha dicho Aranda, para acusar al PP de "sentarse en un sillón a fumarse un puro" ante los sucesos que desembocaron en el referéndum ilegal del 1-O.
UP presentará enmiendas
No menos contundente ha sido la intervención del diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, quien ha recriminado al PP tener "una actitud sediciosa" y "atentar contra el orden constitucional" con el bloqueo del CGPJ. También ha lanzado duras críticas contra JxCat, al que ha acusado de "atentar contra la inteligencia" de la gente. Así, ha insistido en desmentir las acusaciones del partido catalán asegurando que la modificación del delito no se trata de un acto "de renuncia y traición a Cataluña".
Asens, que considera la sedición una "reliquia del pasado llena de polvo", ha asegurado que esta reforma política es "un paso importante para recuperar la normalidad democrática en Cataluña". No obstante, ha reconocido que esta reforma "es fruto de un acuerdo" y no va "lo lejos que querríamos". Es por ello que ha avanzado que su grupo presentará enmiendas "para mejorar el texto".
Previo al debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que "siempre he defendido que había que reformar el delito de sedición". En declaraciones a los periodistas, ha subrayado que ante "cualquier intento de violentar el orden constitucional y la integridad territorial", el Ejecutivo sigue contando con el artículo 155de la Carta Magna. "El Estado tiene herramientas para defenderse de los ataques", ha zanjado. Por otro lado, preguntado por el delito de malversación, Sánchez ha evitado aclarar si será modificado.
El PP acusa al Gobierno de ser "abogado defensor" del independentismo
Mientras, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de haber "cedido a las exigencias" de ERC para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "Sánchez ha indultado a los políticos catalanes condenados por el Supremo y ahora quiere volver a indultar la inhabilitación", ha criticado Feijóo durante un acto en Badajoz. "Todo lo que luchó nuestro país por mantener la Constitución y la integridad de nuestro país quedará sin efecto", ha añadido.
"Traen la derogación de la sedición anunciada y exigida por aquellos a los que Sánchez debe el Gobierno", ha criticado en su turno de palabra la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que no ha dudado en acusar al PSOE y a Podemos de ser "abogados defensores" del independentismo y elaborar una norma "para favorecer a personas concretas con nombres y apellidos".
Para la diputada 'popular' el argumento del Gobierno de homologar la ley con el resto de Europa no es válido en cuanto en muchos países europeos "están establecidas duras condenas para quienes atentan contra el orden constitucional". "Si el propio Gobierno presume de la solidez jurídica de su proposición, de la finura de sus argumentos, ¿por qué se han ahorrado los elogios del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado?", ha señalado Gamarra.
"Sus socios exigen pagos al contado y hoy es día de cobro", ha recalcado Gamarra, no sin antes advertir de que el independentismo "es insaciable": "Entregan la dignidad de España y España no se va a olvidar".
Desde Vox, Javier Ortega Smith ha discrepado y ha descartado que se trate "de un chantaje de los secesionistas", ya que considera que hay "connivencia y complicidad" desde la coalición de Gobierno. "Todo estaba acordado en los oscuros despachos de la infamia y permanente traición a España", ha dicho entre los aplausos de la bancada de su formación.
El dirigente ha acusado a Podemos y el PSOE de otorgar una "amnistía" a los golpistas con una "desviación de poder" que "busca deslegitimar" a todos aquellos que se enfrentaron a los independentistas, en referencia a su partido, a los fiscales y al Tribunal Supremo.
"En un exceso de chulería, Sánchez dijo que iba a traer detenido a Puigdemont, pero le va a permitir volver por la puerta grande y como invitado especial", ha ironizado por su parte la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha señalado que "los cómplices del Gobierno son delincuentes condenados con sentencia firme y que anuncian que quieren reincidir". Asimismo, ha instado al Ejecutivo a entender que el código penal "no está para defender a los delincuentes de la sociedad, sino para defender a la sociedad de los delincuentes".
ERC: "Es una concesión a la democracia para que dejen de hacer el ridículo"
Frente a las acusaciones de chantaje, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha asegurado que su partido "ni puede ni quiere" cambiar al PSOE. "Esto no es una concesión a ERC, ni al independentismo, es una concesión a la democracia para que dejen de hacer el ridículo en Europa", ha expresado con dureza.
Durante su intervención, Rufián, que ha insistido en que "votar no es delito", ha lamentado que su formación no pueda cambiar el Poder Judicial, que en su opinión sufre "un problema endémico": "Solo podemos aspirar a ponérselo más difícil al juez o jueza facha de turno".
Por otro lado, se ha dirigido indirectamente a Junts al pedir que "a quien no le guste el trabajo de ERC, si comparte un mínimo de valores con nosotros que ayude, porque no somos críticos de cine viendo una película, somos políticos que tenemos que formar parte de la solución". Previamente, el diputado Josep Pagès (JxCat) había sido muy crítico con una iniciativa que considera que "parte del supuesto falso" de que el 'procés' fueron "hechos delictivos" como, a su juicio, ya ha demostrado la Justicia europea. En su opinión, es una "solución a la carta que salva a unos pocos" pero "condena a miles de represaliados".
La votación: a viva voz y uno por uno
Tras finalizar los debates previstos en la orden del día, como el relativo al impuesto a las energéticas, la banca y las grandes fortunas, se han producido las votaciones de forma electrónica, a excepción del delito de sedición, que ha sido de forma nominal por llamamiento a petición del PP. Es decir, los diputados han tenido que emitir, uno por uno, su voto a viva voz.
La intención del grupo popular, que se ha respaldado en el apoyado en el artículo 85 del Reglamento del Congreso, ha sido que todos los miembros del PSOE dejen constancia verbal de su posición, una iniciativa que ha sido respaldada por Vox.
La votación ha comenzado con el llamamiento a una diputada socialista que, junto a todos sus compañeros de partido, se ha levantado y ha anunciado su voto afirmativo proclamando "aquí estamos todos los socialistas juntos, sin fisuras".