El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, que planifica y coordina las políticas públicas contra esta lacra hasta 2025. Se trata de un "mapa de instrucciones" que identifica los distintos tipo de violencia hacia las mujeres en España y define 267 medidas que las administraciones pueden activar para prevenirlas, detectarlas y erradicarlas.
Además, la iniciativa del Gobierno aspira a mejorar la protección, seguridad y atención integral a las víctimas con los recursos adaptados, así como a garantizar sus derechos, de modo que se minimice el riesgo de una victimización secundaria. De este modo, se contempla todo el proceso desde la sensibilización, detección y prevención, a la atención y reparación de las víctimas de violencias machistas.
Ha recibido luz verde solo tres días antes del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, el 25 de noviembre, y en medio de la polémica por las rebajas de penas a agresores sexuales con la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.
El texto actualiza la primera estrategia (2013-2016), "caducada" desde hace seis años y "atrasada a la luz de todos los avances", según justificó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Según el Ministerio de Igualdad, se ha elaborado de forma coordinada y colaborativa con todos los ministerios, las comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con la sociedad civil.
Fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien anunció el pasado 2 de noviembre en el Congreso que el Gobierno aprobaría la Estrategia, pero este martes no ha participado en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Con motivo del 25N, el Gobierno ha aprobado también una declaración institucional para mostrar el "más absoluto rechazado" a todas la formas de violencia contra las mujeres, ha afirmado la portavoz Isabel Rodríguez.
La obligación de los poderes públicos
En aquella intervención, Montero explicó su estructura de cuatro ejes. El primero de ellos incluye las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las violencias machistas. En él están comprendidas medidas para garantizar la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como el diseño de un sistema de rendición de cuentas y evaluación; y mecanismos para la evaluación del grado de satisfacción de las víctimas que acceden a los recursos.
Asimismo, contempla, entre otras, la incorporación del testimonio y la escucha "activa" a las supervivientes y víctimas, y de sus hijos, en la elaboración de las políticas públicas y otros espacios de decisión.
Sensibilización, prevención, detección
El segundo de los ejes es el de la sensibilización, prevención y detección de las violencias. Se compromete a mejorar el conocimiento de todas las manifestaciones de las violencias machistas a través de datos y estudios "desde un enfoque interseccional", también de campañas de concienciación y desarrollo de medidas y recomendaciones hacia los medios para evitar mensajes "que consoliden el terror sexual".
Este bloque comprende una serie de acciones para combatir la violencia política, pero también protocolos comunes sanitarios para la detección y atención a víctimas, además de cursos con una línea de formación especifica en violencias sexuales para el ejercicio del turno de oficio e iniciativas para la prevención en el transporte público colectivo terrestre y marítimo y espacios públicos compartidos.
Atención y reparación integral a las víctimas
El tercer eje aborda la protección, seguridad, atención y reparación integral a las víctimas. Para ello se implementan y consolidan los procedimientos básicos para la acreditación administrativa de la violencia machista y de las víctimas de trata de seres humanos.
También se recoge la garantía del acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque de vivienda y al ingreso mínimo vital, la agilización de la respuesta judicial, el refuerzo de las unidades de valoración forense integral y la implementación de sistemas de videoconferencia para la declaración de supervivientes desde espacios seguros, son otras de las medidas.
Garantía de los derechos de las víctimas
Finalmente, el cuarto eje versa sobre la respuesta coordinada para la protección y garantía de los derechos de las víctimas comprende la puesta en funcionamiento de la ventanilla única de la red de servicios sociales, según el catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, y actuaciones para combatir los estereotipos de género en las instituciones.
Asimismo, establece mecanismos de evaluación y rendición de cuentas ante los casos por violencia institucional "desde el marco de la debida diligencia"