El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto que unifica criterios de actuación ante la ley del solo sí es sí, y en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal.
Es decir, con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los agresores sexuales. Aunque baje el mínimo en las penas no significa que haya que reducirlas.
"La revisión solo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal", explica la Fiscalía en un comunicado.
Se aplica el criterio establecido en la disposición transitoria del Código Penal desde 1995 que establece que cuando la pena impuesta "sea también imponible" con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse. El castigo mínimo por una agresión sexual ha bajado de seis a cuatro años de prisión, de modo que a aquel que hubiera sido condenado a seis años de prisión no quedará más remedio que rebajarle la pena, por ser la mínima, pero, por ejemplo, a quien se le hubiera impuesto una de siete u ocho años de prisión no tendría que revisársele.
En cualquier caso, subraya que "cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso".
Aclaran que este decreto, "de obligado cumplimiento" para los fiscales, "se ha dictado para no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una circular del fiscal general del Estado, que se emitirá próximamente una vez se someta al preceptivo informe de la Junta de Fiscales de Sala".
El fiscal deja claro que la revisión de sentencias debe guiarse por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, pero siempre se elegirá una ley u otra "de manera global, en bloque, en su totalidad", sin que sea posible trocear las normas.
Reacción de Podemos tras la decisión de la FIscalía
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aplaudido la decisión de la FGE y ha asegurado que "reafirma la jurisprudencia consolidad". "La ley del solo sí es sí es sólida y sirve para proteger los derechos de las mújeres", ha subrayado.
Desde Podemos también celebran la decisión de la Fiscalía. A través de Twitter, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recalcado que el Ministerio Público "dice lo mismo sobre la NO rebaja de penas que la vigente DT 5 del CP, la Audiencia Provincial de La Rioja y el Ministerio de Igualdad".
"A ver debajo de qué piedra se esconden ahora los que llevan una semana de cacería contra Irene Montero", ha añadido en relación a las críticas que ha recibido la ministra de Igualdad tras el goteo de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.
La secretaria de Organización de la formación, Lilith Vestrynge, también ha resaltado la noticia. De la misma forma, Isa Serra, portavoz del grupo, ha indicado que la Fiscalía da así "la razón al Ministerio de Igualdad".
Revisión de penas
La decisión de la Fiscalía llega después de que comenzaran a estudiar las revisiones de condenas a agresores sexuales en aplicación de la ley 'solo sí es sí'. El pasado jueves, el jefe del Ministerio Público ordenó a los fiscales superiores que recabasen y le remitiesen la información relacionada con estas rebajas de las penas. El Tribunal Supremo, organismo encargado de sentar jurisprudencia, también aseguró que se pronunciaría sobre el tema.
Estas revisiones han enfrentado a la ministra de Igualdad con la judicatura después de que Montero asegurara que "el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente" la ley del 'solo sí es sí' "o que la apliquen de forma defectuosa".
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial expresó su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" de la ministra y defendió el trabajo de los jueces.