Los exjefes de la organización terrorista ETA Mikel Albisu 'Antza' y Soledad Iparraguire 'Anboto' se han negado a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional (AN) sobre el secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años.
Durante una breve comparecencia ante el juez Manuel García Castellón, Antza ha justificado su negativa al alegar que ya había sido condenado en Francia, mientras que Anboto, su pareja sentimental, ha señalado que el país galo no la había entregado por esta causa.
Antza, que se encuentra en libertad desde 2019 tras cumplir condena en Francia, ha llegado caminando y acompañado de abogados habituales de miembros de ETA y también del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
Por su parte, Iparraguire ha comparecido por videoconferencia desde la prisión en la que cumple múltiples condenas.
A la salida de la Audiencia Nacional, la letrada de ambos exjefes de ETA, Amaia Izco, ha calificado la causa de "atropello" y "situación excepcional" con un coste "social y político muy importante".
Antza deberá comparecer cada 15 días y no podrá salir de España
Todas las acusaciones, a excepción de la Fiscalía, han pedido las mismas medidas cautelares para Antza: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de un domicilio. Y, según el auto al que ha tenido acceso RTVE, se le han impuesto finalmente, así como comparecencias cada 15 días.
Se trata de las mismas medidas que tiene ya impuestas en la causa en la que también se investiga desde hace unos meses a miembros de la excúpula de ETA por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en 1995. Pese a esto, se pueden acordar en otra causa por si en una de ellas se le llegaran a retirar.
Por contra, no se han podido solicitar medidas cautelares para Anboto, ya que ha invocado el principio de especialidad por no haber sido entregada a España en 2019 por esta causa.
Se encuentra, por tanto, en la misma situación que el tercer exjefe etarra imputado por el secuestro y asesinato del joven edil, José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'. Respecto a él, el juez, en el auto en el que acordó estas imputaciones, optó por pedir a Francia que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle.
Fueron imputados por un informe de la Guardia Civil
La imputación de estos tres exjefes de ETA se produjo hace un par de semanas, tras recibir el juez un informe de la Guardia Civil para determinar los miembros que integraban el Comité Ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.
Según la tesis de la Guardia Civil, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, tuvieron "una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba" dicho órgano "con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo".
El informe señalaba también a un cuarto miembro de esa cúpula etarra, José Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', que finalmente ha quedado fuera por prescripción.