El Gobierno ha contestado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el espionaje de los móviles de varios miembros del Gobierno a través del sistema Pegasus, que no hay ningún documento secreto que desclasificar antes de que tome declaración a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"No hay nada secreto que desclasificar" que pueda afectar a la declaración en calidad de testigos de la ministra de Defensa ni del titular de Interior.
Esta es la respuesta que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir al juez en la reunión de este martes después de que el pasado mes de julio este enviara un suplicatorio pidiendo la desclasificación de documentos reservados.
Los teléfonos de Robles y Marlaska fueron dos de los espiados mediante Pegasus, junto al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Según publicó 'The New Yorker', con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, también fue espiado con este sistema el presidente de la Generalitat, Perè Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas.
Desclasificación de asuntos reservados
El magistrado acordó a finales del mes de julio dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros para la desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por los testimonios de Robles y Marlaska.
Lo hizo a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado) y del ministro de la de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Ahora, el Gobierno ha aprobado un decreto por el que se contestará al magistrado que no hay ninguna información secreta que desclasificar antes de esas testificales.
Cabe recordar que ya en mayo el Gobierno autorizó al Centro de Inteligencia Nacional (CNI) a que colaborara con Calama en la investigación. Ya entonces, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, avanzaron que, al margen de las eventuales declaraciones, no había más información relevante para esta causa que hubiera que desclasificar.
Posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos
Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles de miembros del Ejecutivo.
Según esa denuncia inicial, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, se había tenido conocimiento de que los mismos "fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.