Las medidas aprobadas por el Gobierno para ahorrar energía siguen generando críticas por parte de varias comunidades autónomas, que piden más flexibilidad a la hora de aplicarlo y reprochan la falta de diálogo. Así, han expresado su rechazo regiones como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP.
Este plan para reducir el consumo energético, que entrará en vigor el próximo martes 9 de agosto, incluye la limitación de la temperatura en establecimientos, la instalación de sistemas para mantener las puertas cerradas o el apagado de luces exteriores en locales comerciales y edificios públicos a partir de las 22 horas, entre otros.
Sin embargo, desde el PP han criticado que el Gobierno "imponga" el decreto sin haberlo consultado "con nadie" y han defendido que las comunidades autónomas y los ayuntamientos "tienen autonomía para aplicar las medidas". "No se puede imponer la aplicación de un decreto que no se ha hablado con nadie", ha señalado el coordinador general del PP, Elías Bendodo en una entrevista en La Hora de la 1.
Madrid rebaja el tono, aunque mantiene los reproches
El lunes por la noche, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunció mediante un tuit que su Gobierno no apagaría la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior para ahorrar, como viene indicado en el decreto ley, porque a su juicio esto generará "inseguridad" y espantará "el turismo y el consumo". Un mensaje que provocó la crítica del presidente Pedro Sánchez, la oposición y otras comunidades, que la tacharon de "insolidaria".
Desde la Comunidad de Madrid reprocharon tanto la falta de diálogo del Gobierno central como las medidas aplicadas, que consideraron "frívolas" e "insuficientes". También se rebelaron contra las multas, que consideran que tienen cuantías desorbitadas.
Si bien Madrid ha terminado rebajando el tono al avenirse a cumplir el decreto si no le queda otro remedio, siguen estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por un choque competencial.
"Es mucho más fácil cuando se consensúan las medidas para tomar las decisiones, porque ahora tenemos que ver en qué nos afecta, cómo nos afecta y cómo se podría implementar", señaló por su parte la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo.
Andalucía y Galicia critican que son "medidas improvisadas"
Un mensaje parecido al del Gobierno andaluz, que, aunque ha admitido "la norma es la norma", ha censurado "la precipitación, la improvisación y la falta de diálogo" y ha considerado que hay cuestiones importantes que deberían de haberse evaluado relacionadas con el turismo, el comercio y los conjuntos monumentales.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido adaptarlo a las diversas peculiaridades geográficas y económicas de cada zona. "No se puede entender que se apliquen los mismos criterios para una zona u otra, por tanto, hubiera merecido una reflexión, un debate, un diálogo para plantear peculiaridades que se deberían de haber acordado entre todos", ha añadido.
Una queja que comparte con Galicia. El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha pedido al Gobierno central que deje de establecer "medidas improvisadas y estéticas" y ha instado al Ejecutivo a que se centre en controlar la inflación y el precio de la luz.
"Los datos de inflación y de empleo son alertas que deberían hacer reflexionar al Gobierno sobre las verdaderas medidas que necesita España", ha insistido. Pese a ello, Conde ha indicado que la Xunta está evaluando las medidas establecidas de reducción de consumo energético, ya que es la Administración autonómica la encargada de que se cumplan.
Por su parte, el Ejecutivo murciano ha adelantado que van a estudiar todas las posibilidades jurídicas que ofrece el decreto para estudiar su aplicación o no. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha calificado de "cosméticas, improvisadas, intervencionistas y carentes de respaldo técnico" las medidas y ha señalado que comprobarán "qué decreto se publica y haremos una consulta a los servicios jurídicos", ha indicado.
Mientras tanto, el Gobierno de Castilla y León no se ha pronunciado públicamente sobre el plan de ahorro energético del Gobierno.
Euskadi y Cataluña se muestran favorables, pero señalan la falta de diálogo
La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha señalado que el Gobierno Vasco está "plenamente de acuerdo" y "alienado" con la UE en la necesidad de reducir el consumo de energía, pero ha pedido ser "flexibles" en la aplicación de medidas y "escuchar" a los diferentes colectivos al tiempo que ha considerado que las multas "no son el camino".
"Euskadi lleva 40 años cumpliendo una ley que no existía hasta ayer", ha señalado la consejera. En ese sentido, ha señalado que el País Vasco ha conseguido "utilizar un 50% menos de energía para realizar la misma producción que hace cuarenta años". Sin embargo, ha recordado que hay que garantizar la seguridad de las calles.
También ha criticado la falta de diálogo la Generalitat de Cataluña, si bien se ha comprometido a aplicar el ahorro energético. "No haremos una guerra competencial", ha dicho el president Pere Aragonès, quien ha defendido que muchas de las medidas del Gobierno ya se aplicaban en la comunidad.
Aragonès ya ha apuntado que en la segunda tanda de decisiones sí que habrá un proceso participativo: "Ya se autocorrigen".