Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) han cerrado este martes un acuerdo político sobre el plan para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia.
Los países han acordado reducir voluntariamente un 15% la demanda de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, con medidas de su propia elección, según el comunicado de prensa del Consejo. El reglamento también prevé la posibilidad de activar una 'alerta de la Unión' sobre la seguridad del suministro y, en ese caso, la reducción de la demanda de gas sería obligatoria.
Aunque los socios harán esfuerzos por cumplir dicha cuota, el Consejo ha especificado algunas exenciones y posibilidades adaptadas a cada socio, que podrán solicitar flexibilidad en el objetivo de reducción obligatorio, como reclamaban países como España, Portugal o Grecia.
El texto del reglamento se ha cerrado solo un día después de que la gasística rusa Gazprom anunciara que el suministro de gas a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1 se reduce a un 20% de capacidad, un "paso motivado políticamente" para la comisaria Europea de Energía, Kadri Simson, que urgía a los Veintisiete a estar "preparados" ante un corte total del suministro desde Rusia.
"¡Conseguido! Acabamos de alcanzar un acuerdo político que asegura una solidaridad efectiva en materia energética", ha celebrado en Twitter el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que encabezó el rechazo a la primera propuesta, matizando que cada estado miembro contribuirá según sus posibilidades y necesidades.
Los Veintisiete acuerdan excepciones para los aislados y los dependientes
Así, según ha detallado la nota del Consejo, los Estados miembros han acordado, entre otras posibilidades, que quienes no estén interconectados con las redes de gas de la UE quedan exentos de las reducciones de gas obligatorias. El motivo es que, aún ahorrando, estas 'islas energéticas' tampoco podrían enviar sus reservas a otros países europeos.
Del mismo modo, los países de la UE cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad tampoco tendrán que cumplir con la reducción, para evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.
Los Gobiernos nacionales también pueden pedir flexibilidad a Bruselas si tienen interconexiones limitadas con otros Estados miembros y pueden demostrar que sus capacidades de exportación e infraestructura se utilizan ya al máximo para redirigir gas al resto.
Finalmente, los Estados miembros pueden solicitar una excepción si han superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas, si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o si su consumo de gas ha aumentado al menos un 8 % en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.
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El Consejo, y no la Comisión, activará la "alerta de la Unión"
Otro de los puntos de fricción de la propuesta de la Comisión Europea eran sus poderes para activar la "alerta de la Unión", en caso de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada. Finalmente, los Veintisiete han convenido aumentar su control del mecanismo y Bruselas presentará una propuesta, pero la ejecución dependerá del Consejo.
Al elegir las medidas de reducción de la demanda, el reglamento se decanta por priorizar aquellas que no afecten a los hogares y los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como los organismos críticos, la atención sanitaria o la defensa.
En ese sentido, plantean diferentes enfoques, como reducir el consumo de gas en el sector de la electricidad, fomentar el cambio de combustible en la industria, impulsar campañas nacionales de sensibilización o imponer obligaciones específicas para reducir la calefacción y la refrigeración. Se incluyen también otras actuaciones basadas en el mercado, como subastas entre empresas.
En virtud de este acuerdo frente al "chantaje" de Vladímir Putin, los Gobiernos nacionales actualizarán sus planes nacionales de emergencia e informarán periódicamente a la Comisión sobre su avance. En mayo de 2023, según han establecido, se valorará si es necesario extender la vigencia de las medidas extraordinarias.