El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a los principales implicados en el caso de los ERE en Andalucía. Ha ratificado, por mayoría de tres a dos magistrados, la condena a seis años de prisión, y la inhabilitación durante nueve años para el también expresidente Manuel Chaves.
Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009, y también ha recibido una condena a inhabilitación absoluta durante 15 años. Por su parte, Chaves, histórico del PSOE, fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo, según ha podido saber RTVE.
El Alto Tribunal ha concluido este martes la revisión de los recursos interpuestos contra aquella sentencia, que condenaba a 19 de los 21 acusados. Da por probada la trama de corrupción y ratifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con la excepción de cuatro de los condenados. Absuelve a tres de ellos -Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medinas, cargos técnicos de la Consejería de Empleo- y reduce la condena de Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. Por lo demás, desestima el recurso de Griñán, que pedía su absolución.
La sentencia completa, de más de 1.800 folios, se publicará en septiembre, una vez se redacte el voto particular de dos de las magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo. Discrepan del fallo al considerar que el Supremo debería haber estimado el recurso de Griñán, que a su parecer debería haber sido absuelto del delito de malversación, anulando así su condena a prisión.
Un "sistema fraudulento" de subvenciones durante una década
Con esta sentencia se confirma una de las mayores tramas de corrupción en España. Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros, según la sentencia de 2019.
Aquella sentencia de la pieza política de los ERE, una de los cientos de causas del caso, se alcanzó tras un año y 152 sesiones de juicio, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos. Señalaba que el sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización.
El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto. Guerrero, en el centro del caso, fue condenado a siete años de cárcel y murió en octubre de 2020.
Griñán, "consciente de las vulneraciones patentes y groseras"
La investigación judicial arrancó en 2011 de la mano de la magistrada Mercedes Alaya, quien abrió diligencias a raíz de las presuntas irregularidades en un ERE en Mercasevilla que derivó en indicios de un fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.
Dos años después, el caso se cobró su primera víctima política. En agosto de 2013 Griñán dimitió como presidente de la Junta pese a insistir en su inocencia, y fue sustituido por Susana Díaz. Un mes después, mientras Díaz tomaba posesión, Alaya "preimputó" a Chaves y Griñán, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
En febrero de 2017, la Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que el primero conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se estaban cometiendo.
Griñán fue presidente de la Junta entre 2009 y 2013, consejero de Economía y Hacienda, ministro en los últimos gobiernos de Felipe González, presidente del PSOE, diputado autonómico y nacional y senador. Chaves, además de presidente andaluz durante casi 20 años (entre 1990 y 2009), fue también vicepresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, ministro, presidente del PSOE, diputado autonómico y nacional y secretario general del PSOE andaluz.
La defensa de Griñán ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional su condena, al considerar que se pueden haber vulnerado sus derechos fundamentales. Su abogado ha asegurado en una entrevista en TVE que en su caso no procede aplicar el delito de malversación, y ha avanzado que se puede plantear pedir el indulto a partir de septiembre, en cuanto se conozca la sentencia.
Entrarán en prisión otros siete antiguos altos cargos de la Junta
Más allá de Griñán, también deberán en prisión otros siete ex altos cargos, todos ellos condenados a entre seis y siete años. Son el exconsejero de empleo Antonio Fernández, quien recibió la mayor condena -siete años y 11 meses-, su antecesor e histórico del PSOE andaluz José Antonio Viera, la viceconsejera con Griñán Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Obras Públicas y Transporte y de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez y el director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
Para otros acusados, además de Chaves, se confirman penas de inhabilitación de nueve años por delitos continuados de prevaricación. Es el caso de la antecesora de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, que también fue ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Otros condenados son Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia de la Junta de la etapa de Manuel Chaves, el exviceconsejero de Economía y Hacienda y expresidente de Renfe José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos en la Junta Antonio Vicente Lozano y Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia IDEA.