La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de prevaricación y malversación a los que fue condenado en la denominada 'causa de los ERE' al considerar que en los hechos probados no figura "ninguna irregularidad" del entonces consejero y ha insistido en que tampoco consta que tuviera "ningún ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", ha dicho.
Así se ha pronunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha iniciado este miércoles la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
El letrado José María Calero ha alegado que Griñán llegó a la Junta de Andalucía en abril de 2004 y que no tuvo "ninguna relación" con los hechos probados considerados núcleo de la causa, es decir, la puesta en marcha del supuesto programa de subvenciones. "No tiene relación con la creación de ese mecanismo", ha dicho, para luego reiterar que "no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio, ni con las ayudas individuales".
"Contradicciones y errores jurídicos"
La defensa ha asegurado que los hechos probados no concuerdan con la conclusión de la sentencia por la que se condenó a su representado y ha acusado al tribunal que redactó la sentencia impugnada de confundir actuaciones políticas con actuaciones administrativas. Este argumento también ha sido defendido por otros abogados, quienes han coincidido en que los hechos que se declaran probados no se corresponden con el fallo.
"Está claro que el objeto del delito de malversación son las ayudas individuales que han sido otorgadas; sin embargo, las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento", ha subrayado la letrada Encarnación Molino, a cargo de la representación del exconsejero de innovación de Andalucía Francisco Vallejo.
La abogada ha sostenido además que (durante el procedimiento y en el fallo) se ha visto vulnerada la presunción de inocencia de su representado. "No existe un procedimiento específico. Es una invención. Se está mezclando en la sentencia actuaciones de carácter político y de carácter administrativo", ha señalado.
Los letrados han cargado directamente contra la redacción de la sentencia impugnada. El abogado de José Antonio Viera Chacón ha incidido en que "es un cúmulo de conjeturas y especulaciones repetidas".
Las defensas de los condenados por los ERE de Andalucía han hecho este miércoles una "auténtica enmienda a la totalidad" contra la sentencia de Sevilla por su "ambigüedad" y "arbitrariedad" que la convierten, a su entender, en "un cúmulo de especulaciones mal hiladas y repetidas" con "graves errores jurídicos".
La revisión se prolongará dos días por el elevado número de recursos
Se trata de la causa de mayor trascendencia política en Andalucía que coincide con la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio en esta comunidad autónoma, en la que probablemente esta cuestión saldrá a debate, con dos expresidentes socialistas involucrados, ambos suspendidos de militancia.
No obstante, y como marca una regla no escrita en el Supremo, la sentencia no se conocerá hasta después de los comicios, para evitar cualquier influencia y mantenerse al margen de la lucha partidista.
La comparecencia se celebrará a lo largo de dos días, en una sesión que se extenderá hasta el jueves, algo inusual en el alto tribunal, donde las vistas de casación suelen ser un trámite que apenas dura unas horas en ciertas ocasiones. Esto es así por el elevado número de recurrentes (hasta 21) hasta el punto de que las sesiones para exponer los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla podrán ser de mañana y tarde y arrancarán a las 10:'00 horas.
El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente), quien lleva más de dos años analizando los recursos de las partes.
El Ministerio Fiscal ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán, que se sitúa así a un paso de la cárcel, y de nueve de inhabilitación especial para Chaves por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.
También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años); así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.
La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la "patente" y "palmaria ilegalidad" de las ayudas sociolaborales (unos 680 millones de euros) que concedió con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009.