El diputado del PP Alberto Casero ha admitido ante el instructor del Tribunal Supremo "irregularidades administrativas" en las adjudicaciones de cinco contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), pero niega que incurriera en una prevaricación o malversación de caudales públicos.
Casero ha comparecido este lunes por la mañana ante el instructor del procedimiento, Andrés Palomo, que le había citado para prestar declaración voluntaria, que permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso.
Fuentes jurídicas han informado de que durante su declaración, que ha durado aproximadamente hora y media, el diputado popular ha reconocido que hubo "irregularidades administrativas" en la tramitación y concesión de esos contratos pero que ni mucho menos se puede considerar que sus actos fueran merecedores de un reproche penal. No hubo, según las fuentes, ni prevaricación ni malversación.
"Todo está explicado", ha dicho
A su salida, Casero ha dejado claro ante los medios que hasta la fecha "no ha dicho nada" sobre esta causa y va a "seguir sin decir nada", si bien ha destacado que ha ido a declarar voluntariamente porque "no había nada que ocultar" y porque "podía aportar cuestiones nuevas que aclararan las dudas" al fiscal y al juez.
"Creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, en la que he dejado claro cuestiones que tanto la fiscal como el juez entendían que había que aclarar (...) y a partir de ahora a esperar la decisión de la Justicia con toda la confianza del mundo", ha añadido el diputado.
Preguntado sobre cómo ha abordado ante el juez la cuestión de los contratos, Casero ha dicho que "todo está explicado" y que así se lo ha trasladado al magistrado instructor con "absoluta normalidad y conforme a lo que evidentemente tenía preparado", pero insistiendo en que públicamente no va a entrar en el fondo del asunto.
El Supremo abrió causa contra Casero tras recibir la exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) por un presunto delito de prevaricación, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.
El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.
Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo
Los contratos bajo sospecha
Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.
El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL (un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo) en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.