La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que "existen indicios racionales" de que el diputado por Extremadura del PP, Alberto Casero, podría haber cometido "delitos continuados de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos" en su etapa como alcalde de Trujillo.
El informe elaborado por la Fiscalía se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar a Casero, quien ha sido la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.
Ahora, la fiscal María Ángeles Montes solicita al Supremo que se declare la competencia del Alto Tribunal para el conocimiento de los hechos contenidos en la denuncia y pide que se proceda al nombramiento de un instructor para la causa.
Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que podían existir "indiciaria responsabilidad penal" del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según recoge la exposición.
Ahora, la Fiscalía del Supremo asevera que Casero en su condición de alcalde celebró esos contratos "sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello".
Un contrato de un psicólogo sin constancia de servicio
Al igual que en la exposición razonada, la fiscal recoge que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.120 euros, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales, con duración de un año.
Según indica, Casero no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni se recabó informe del Órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto. "Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura desde julio a octubre de 2017" y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género "a la que no le consta ninguna actuación" por parte de esta persona.
La exposición razonada recogía además que Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.
La cámara de comercio, la gala Pop Eye y la Feria del Queso
El informe de la fiscal indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú en el 6 de septiembre de 2017 que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.
Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. La fiscal señala que aunque ese contrato pudiera considerarse de patrocinio, el entonces alcalde no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y, por tanto, precisaba licitación.
Además del asunto del psicólogo y del convenio, la fiscal menciona otros asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso "verbal" de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente.
También en enero de 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la Feria Internacional del Queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado, según la nota de reparo del interventor del ayuntamiento, porque era un servicio periódico y previsible año tras año y, por lo tanto, no podía seguir los trámites de contrato menor.
La fiscal recuerda que de lo actuado se ha podido constatar que las personas o empresas contratadas por Casero no recibieron todo o parte de las prestaciones económicas a las que éste se había obligado en calidad de alcalde. Esto acabó en los juzgados por la vía contencioso-administrativa y las reclamaciones fueron atendidas.