El Govern catalán ha aprobado este lunes en un Consejo Ejecutivo extraordinario el nuevo decreto ley sobre el modelo lingüístico en las escuelas, que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza, y que reafirma el catalán como "lengua vehicular" y reconoce el castellano como lengua de "uso curricular".
La aprobación de este decreto ley se produce un día antes de que expire el plazo que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de enseñanza en castellano en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio.
En rueda de prensa tras la reunión, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha explicado con este decreto ley el Govern quiere "dar respuesta" a la sentencia del 25% y "superar la judicialización", así como "proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales".
"El decreto será publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigor a continuación, de manera de que este martes los centros educativos tendrán normas claras y cobertura clara", ha indicado Plaja. No obstante, dado lo poco que queda del actual curso, el decreto tendrá efectos a partir del próximo.
Educación asume la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos
El decreto ley explicita el rechazo a que el uso de las lenguas en la enseñanza se defina por porcentajes, sino que establece "cómo se hace el proyecto lingüístico" de un centro, en un marco en el que el catalán sea la "columna vertebral" del sistema educativo.
Plaja ha explicado que el nuevo decreto prevé que, una vez que los centros reformen los proyectos lingüísticos que se deban cambiar, se eleven al Departamento de Educación para que sea este el que finalmente los valide.
Además, ha asegurado que, en última instancia, la Consellería de Educación será la que asuma "la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos" de los centros educativos públicos y concertados, que previamente habrá valorado y que habrá diseñado cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.
La portavoz de Ejecutivo catalán ha defendido que cuando los alumnos acaben la enseñanza obligatoria sabrán hablar perfectamente tanto el catalán, como el castellano.
Para dar respuesta a la sentencia
La nueva norma es una de las herramientas con las que el Govern quiere "dar respuesta" a la sentencia del 25%, junto a la nueva ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales pactada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem la semana pasada y cuya aprobación está a la espera de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.
La proposición de ley -que reafirma el catalán como "lengua vehicular" en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de "uso curricular", sin fijar porcentajes- iba a aprobarse en lectura única en un pleno del Parlament el pasado viernes, pero este se aplazó después de que Vox, Cs y PP solicitaran un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.
No está claro que el dictamen del Consejo de Garantías llegue a tiempo para que el Parlament pueda aprobar la ley antes del plazo fijado por el TSJC, pero el Govern confía en que así sea y que sirva para dar cobertura a los centros educativos en sus proyectos lingüísticos.
Además, el decreto no ha sido bien recibido por el PSC, que es uno de los promotores en el Parlament de la proposición de ley. La portavoz parlamentaria Alícia Romero ha anunciado que su grupo no apoyará el decreto porque no solo "no da cumplimiento" a la sentencia del TSJC sino que "desafía a los tribunales" y "no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos", dado que no menciona el "uso curricular" del castellano.
Por su parte, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias el decreto ley, porque entiende que "intenta otra treta para saltarse la sentencia del 25 % de castellano".
En defensa del decreto se ha pronunciado el portavoz de JxCat, Josep Rius, que ha señalado que esta es "la vía de la confrontación contra decisiones judiciales injustas".