El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado dos meses de plazo a la Generalitat para que empiece a aplicarla.
En su resolución hecha pública este viernes, y contra la que cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días, la letrada de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó el 16 de diciembre de 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra el fallo.
La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.
La resolución del TSJC emplaza ahora a la Generalitat a llevar a "puro y debido efecto" la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica "lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".
Además, el alto tribunal catalán da al Govern 10 días para notificar que ha recibido la resolución y le pide que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán y cómo lo va a hacer.
Dos meses para su ejecución voluntaria
Ahora, con la firmeza del fallo, comienza también un plazo de dos meses para que la Generalitat lo aplique de manera voluntaria. Pero si transcurrido ese plano, no se ha hecho, las partes afectadas, esto es, la Abogacía del Estado, porque fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que inició el litigio, o las familias perjudicadas, podrán pedir la ejecución forzosa.
Hasta ahora, la sentencia inicial del TSJC había provocado un goteo de familias que exigían a sus centros educativos más clases en castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona), que hace unas semanas fue el centro de una polémica lingüística después de que unos padres denunciaran acoso tras haber pedido que se garantizara el 25% de las clases en castellano.
En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.
El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que la Consejería de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18% en la Educación Primaria, del 19% en Secundaria y del 26% en Bachillerato.
La Generalitat asegura que no admitirá cambios
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.
También ha asegurado que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que "el catalán no se toca" y ha pedido que cesen los "ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero". En su cuenta en Twitter, nada más conocerse la resolución, ha asegurado que no van a permitir "que se ponga en riesgo la cohesión social".
"Estamos trabajando en el despliegue normativo para afianzar el modelo de escuela catalana", ha afirmado, al tiempo que ha exigido que se deje de "politizar la educación".