El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a "escuchas ilícitas y externas" a través del sistema Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, que ya han sido puestos a disposición de la Justicia.
El ministro ha explicado, en una rueda de prensa junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, convocada por sorpresa y de urgencia, que hubo dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. "No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas", ha añadido Bolaños.
La intervención ilegal se ha comprobado durante una investigación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno, según ha explicado Bolaños. "Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley", ha añadido. En esa línea, ha insistido: "Estamos ante intervenciones ilícitas y externas".
Pegasus extrajo 2,6 gigas de datos del teléfono de Sánchez y 9 megas de Robles
"Para que se conozca toda la verdad" el Gobierno ha puesto a disposición judicial la información de la que dispone y la irá complementando a medida que se vayan conociendo más datos. El ministro ha añadido: "Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones".
Aunque en la rueda de prensa Bolaños se ha limitado a señalar que se extrajo de los móviles "determinado volumen de datos", posteriormente fuentes del Ejecutivo han explicado a TVE que desde el sistema Pegasus se extrajeron en concreto 2,6 gigas de datos del teléfono del presidente y 130 megas en los dos ataques y nueve megas de la ministra de Defensa.
Además, han informado de que al presidente del Gobierno se le retiró hace días su teléfono móvil.
"El Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos fundamentales", ha subrayado Bolaños, quien se ha mostrado convencido de que se trata de un ataque externo porque en España todas las intervenciones se realizan por organismos oficiales y con autorización judicial.
El Gobierno lleva a la Justicia el espionaje a Sánchez y Robles a través del sistema Pegasus
Preguntado en la comparecencia de prensa si "externa" significa extranjera, ha puntualizado que con ello se refiere a que es ajena a los organismos estatales y, por tanto, no cuenta con la autorización de la Justicia.
La crisis abierta en la política española a raíz de la publicación de que 60 independentistas habían sido espiados por el sistema Pegasus y que ha provocado una crisis en el Gobierno de coalición y en las relaciones de Moncloa con sus socios parlamentarios, da un nuevo giro y ahora es el propio Gobierno el que denuncia haber sido sometido al espionaje a través de este sistema.
La publicación de esa investigación en The New Yorker provocó un terremoto político con la amenaza explícita de ERC de romper toda relación con el Gobierno y dinamitar toda la agenda legislativa de Sánchez lo que queda de legislatura. Unidas Podemos, socio de Gobierno, pidió la semana pasada que "rodaran cabezas"- con críticas muy duras hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles-, que, según Unidas Podemos y los independentistas ha justificado el espionaje.
Los partidos independentistas reclaman la dimisión de Robles pese al espionaje en su contra
Con la revelación este lunes por Bolaños y Rodríguez de que el propio presidente y la ministra han sido espiados la crisis por el espionaje de Pegasus toma una nueva dimensión.
Al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, le parece "una casualidad política no menor" conocer este espionaje a Sánchez y su ministra en plena crisis con uno de sus principales socios, ERC, y en medio del debate sobre la estabilidad de su Gobierno, tal y como ha dicho este lunes nada más conocerse los hechos, aunque sí ha querido dejar claro que "apoya al Gobierno para preservar la seguridad del Estado".
Reacciones también desde el independentismo con críticas del president de Cataluña, Pere Aragonès, que denuncia que cuando el espiado es el independentismo "silencio y excusas" y cuando es el Gobierno "todo son prisas".
Bolaños: "En una democracia plena, las intervenciones se hacen con autorización judicial"
Bolaños ha incidido en que "existe constancia" de que el software Pegasus ha sido utilizado "de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos o personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos".
El ministro ha resaltado que el Gobierno quiere que la justicia investigue: "En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial".
El Gobierno prefiere no especular ni hacer "conjeturas" sobre el origen del espionaje sufrido por los miembros del Gobierno o si existe relación con el proceso independentista en Cataluña. A juicio de Bolaños, si esas escuchas tienen que ver con el espionaje a políticos catalanes, podrá conocerse al término de la investigación que sigue en marcha, y cuyos resultados se añadirán a la denuncia ya presentada en la Audiencia Nacional este mismo lunes.
"El compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de la verdad es total, y a partir de ahí tomaremos las medidas que correspondan", ha añadido el ministro de la Presidencia, que sí ha garantizado que ese espionaje es ajeno a la estructura del Estado.
Bolaños ha insistido en que desde que se conocieron escuchas por Pegasus (en relación a las de los dirigentes independentistas) el Gobierno está actuando con todas sus capacidades para aclararlas con el fin de proteger la seguridad de las comunicaciones y garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Por ello, el Ejecutivo implementará medidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones en todos los organismos oficiales, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos.
La denuncia de la Abogacía del Estado por el espionaje al presidente del Gobierno ha llegado a la Audiencia Nacional, que la enviará a reparto al tratarse de unos hechos de 2021. Según han informado este lunes fuentes jurídicas, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y en funciones de guardia, ha acordado remitir la denuncia al Juzgado Decano para que se proceda a su reparto al que por turno corresponda.