La Comisión Europea ha activado este miércoles el procedimiento contra Hungría que podría desembocar en la suspensión de fondos asignados a Budapest si no soluciona deficiencias del Estado de derecho ligadas a los procesos de contratación pública, corrupción, fraude y falta de transparencia o rendición de cuentas.
Bruselas ha enviado a Hungría la "notificación formal" que activa el mecanismo de la UE para proteger su propio presupuesto ante el "constante fracaso" por parte del Gobierno de Viktor Orbán para resolver una serie de "preocupaciones graves" durante un periodo de más de diez años, han explicado fuentes comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya anunció a principios de mes que iniciaría este mecanismo.
Es la primera vez que la Comisión Europea hace uso del reglamento que desde el 1 de enero de 2021 condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho y que fue avalado por a mediados de febrero por la Justicia europea, que rechazó entonces los recursos de Budapest y también de Varsovia.
Hungría, gran beneficiario de las partidas de cohesión
El uso de este mecanismo permitiría, en última instancia, llegar a congelar el desembolso de fondos de cohesión, agrícolas e incluso del fondo de recuperación a Hungría, gran beneficiario de las partidas de cohesión con 22.500 millones de euros hasta 2027.
Precisamente el visto bueno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que desestimó los recursos de Hungría y Polonia y consideró que este instrumento ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, ha facilitado que la Comisión pueda tomar esta decisión.
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 750.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad, que a su juicio es arbitraria y carente de base jurídica.
El mecanismo permite paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detecten violaciones de los principios del Estado de derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.